Así lo declaró a una revista colombiana, al ratificar que lo principal de su gobierno será el combate a la criminalidad que agobia al país con extorsiones y asesinatos casi cotidianos, a cargo de sicarios que liquidan a quienes no se someten al chantaje.

El rastrillaje consiste en registros masivos que se ejecutarán como parte de la administración que se instalará dentro de 15 días, cuya política en la materia incluye modificaciones a los códigos Penal y de Procedimientos Penales.

Además, una ley aprobada por el Parlamento saliente y promovida por el partido fujimorista Fuerza Popular (FP) impide que militares y policías sean juzgados por tribunales comunes y dispone que lo hagan las cortes militares y policiales.

Ante críticas de medios de prensa y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran que la citada ley implica la posible impunidad de delitos de función cometidos por los uniformados, la mandataria respondió en días pasados que es necesario protegerlos.

El abogado Carlos Rivera, especializado en derechos humanos, advirtió que la ley establece que “el delito de función comprende toda conducta ilícita por acción u omisión” que excede los límites de lo que debe ser un delito de función.

De otro lado, la presidenta electa dijo que considera la posibilidad de ser parte del Escudo de las América, bajo la égida de Estados Unidos y, según Washington, dedicada a combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la migración irregular.

También ha dicho que su gobierno permitirá el apoyo de Estados Unidos “hasta donde la Constitución y la ley de nuestro país lo permitan”.

El analista internacional Ramiro Escobar acotó que Fujimori deberá evaluar si estrategias contra la delincuencia como la del presidente ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele logran realmente resultados.

“La política de mano dura, de militarizar las cárceles o de alguna manera, ‘bukelizar’ las políticas contra la criminalidad en Ecuador y en cualquier otro país no resultaría factible en Perú por una razón fundamental y es que cada país tiene una situación distinta”, dijo.

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