“Después de haber trabajado durante todo el día, se determinó otorgar libertad al señor Juan José Zúñiga mediante la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, como es la detención domiciliaria y, además, imponer una fianza”, dijo Eduardo León, abogado de Zúñiga.
Precisó León que el exjefe del Ejército tendrá que pagar una fianza de 200 mil bolivianos (unos 20 mil dólares).
El exgeneral es el principal acusado en el expediente por la movilización de cientos de efectivos reforzados con blindados y artillados con calibre de guerra, quienes ocuparon el epicentro político del país, la Plaza Murillo, e incluso con un tanquetazo forzaron las puertas del Palacio de Gobierno (Quemado).
Dentro de ese inmueble, el expresidente Luis Arce instó a Zúñiga a la subordinación y lo acusó de un intento de golpe de Estado.
La determinación de la autoridad jurisdiccional fue asumida tras analizar los argumentos en una audiencia de análisis de cesación de la detención preventiva que cumplía desde hace dos años en la prisión de El Abra, en Cochabamba, desde donde fue trasladado este lunes a La Paz.
La vista logró instalarse tras reiteradas postergaciones provocadas por la imposibilidad de transportar al exgeneral hasta La Paz, lo cual fue posible ahora por una decisión de las autoridades de Régimen Penitenciario.
Al referirse este lunes al caso, el abogado León sostuvo que los hechos del 26 de junio de 2024 no constituyeron un golpe de Estado, sino una acción contra las Fuerzas Armadas.
Acusó al exmandatario Arce de organizar “una emboscada” y expresó que él y otros miembros de su Ejecutivo debería responder ante la justicia.
“Quien debería estar en este momento sentado ahí es Luis Arce Catacora, Hugo Moldiz (exasesor presidencial); Eduardo del Castillo (exministro de Gobierno); Edmundo Novillo (extitular de Defensa) y todo el séquito de ese grupo delincuencial que ha gobernado este país”, proclamó ante la prensa.
Sobre la situación de su defendido, León informó que se le va a poner en depósito en el penal paceño de San Pedro, donde permanecerá hasta que se cumplan las medidas cautelares impuestas.
Añadió que en el juicio previsto hasta el 15 del mes en curso, Zúñiga enfrenta cargos por terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes.
Este proceso busca esclarecer responsabilidades por la frustrada asonada de 2024, que el Ejecutivo de entonces calificó de intento de golpe de Estado, mientras que la defensa de Zúñiga pretende demostrar que se trató de una operación planificada desde el propio Gobierno.
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