La preocupación del gremio se suma a las advertencias formuladas por juristas y especialistas en materia constitucional .

El presidente del Conape, Lorenzo González-Palma, manifestó su “profunda preocupación” por el hecho de que un estamento de seguridad asuma funciones relacionadas con el monitoreo, la calificación o el combate de las llamadas “operaciones de desinformación”.

«Si bien entendemos que la seguridad nacional enfrenta nuevos retos tecnológicos, el concepto de ‘desinformación’ es sumamente subjetivo y maleable. Cuando un cuerpo armado o de inteligencia militar/policial se otorga a sí mismo la facultad de definir qué es verdad y qué es mentira, se abre una puerta muy peligrosa hacia la censura previa”, advirtió.

Para González-Palma, la respuesta frente a la circulación de información falsa no debe recaer en organismos de inteligencia.

“La desinformación no se combate con estructuras de contrainteligencia ni con secretismo. Se combate con transparencia pública, educación ciudadana, alfabetización digital y fortalecimiento del periodismo ético y libre. El periodismo profesional es el verdadero contrapeso y el filtro natural contra las noticias falsas, no los estamentos de seguridad”, sostuvo.

En ese sentido, el Conape hizo un llamado al Ministerio de Seguridad (Minseg) y a las autoridades del Senan para que expliquen con precisión cuál será el alcance de las funciones de la nueva escuela.

«Exigimos garantías plenas de que estas estructuras no serán utilizadas para amedrentar a periodistas, realizar perfiles de comunicadores o intervenir en el libre debate de las ideas”, solicitó González-Palma.

Por su parte, otros especialistas y exfuncionarios consideran que la norma deja sin definir aspectos esenciales, en particular el concepto de «operaciones de desinformación», lo que, a su juicio, podría dar lugar a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades. La exprocuradora general Ana Matilde Gómez reconoció que el país requiere fortalecer sus capacidades de inteligencia frente a desafíos como el crimen organizado, pero estimó indispensable establecer definiciones precisas sobre el alcance de la resolución para evitar afectaciones a derechos fundamentales.

Gómez indicó que existe una línea muy delgada entre una campaña de desinformación y manifestaciones legítimas de activismo social, por lo que consideró necesario que esos conceptos queden establecidos por ley o en el propio documento.

Además cuestionó que, pese a denominarse escuela, la resolución describe más bien un programa de formación sin precisar la estructura y funcionamiento de una institución académica permanente.

En igual sentido, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Esmeralda Arosemena de Troitiño, advirtió que las líneas de acción previstas en la normativa están orientadas a la vigilancia y el control de la información, aspecto que, dijo, requiere un análisis cuidadoso.

Los expertos también enmarcan el debate en antecedentes recientes, como la suspensión de garantías constitucionales durante las protestas en Bocas del Toro en 2025, el contenido del denominado Plan Firmeza este año y las interceptaciones telefónicas ilegales registradas durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

mem/ga