La nueva instancia, creada mediante la Resolución 122 y adscrita a la Dirección Nacional de Docencia del Senan, tendrá como misión capacitar a agentes para enfrentar amenazas como las operaciones de desinformación, el terrorismo híbrido y el cibercrimen, además de fortalecer las capacidades de búsqueda, procesamiento y análisis de información con apoyo de nuevas tecnologías.

Sin embargo, especialistas y exfuncionarios consideran que la norma deja sin definir aspectos esenciales, en particular el concepto de «operaciones de desinformación», lo que, a su juicio, podría dar lugar a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades.

La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, reconoció que el país requiere fortalecer sus capacidades de inteligencia frente a desafíos como el crimen organizado, pero estimó indispensable establecer definiciones precisas sobre el alcance de la resolución para evitar afectaciones a derechos fundamentales.

Según declaró al diario La Estrella de Panamá, existe una línea muy delgada entre una campaña de desinformación y manifestaciones legítimas de activismo social, por lo que consideró necesario que esos conceptos queden establecidos por ley o en el propio documento.

Gómez también cuestionó que, pese a denominarse escuela, la resolución describe más bien un programa de formación sin precisar la estructura y funcionamiento de una institución académica permanente.

En igual sentido, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Esmeralda Arosemena de Troitiño, advirtió que las líneas de acción previstas en la normativa están orientadas a la vigilancia y el control de la información, aspecto que, dijo, requiere un análisis cuidadoso.

La resolución establece que el centro funcionará bajo la supervisión de las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia del Senan y no contará con el aval académico del Ministerio de Educación ni expedirá diplomas oficiales.

Aunque el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, afirmó que la escuela «no es un centro para investigar a nadie», analistas sostienen que las principales inquietudes se centran en la ausencia de límites claros sobre el alcance de sus competencias.

Los expertos también enmarcan el debate en antecedentes recientes, como la suspensión de garantías constitucionales durante las protestas en Bocas del Toro, el contenido del denominado Plan Firmeza y las interceptaciones telefónicas ilegales registradas durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

De acuerdo con esos criterios, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia del Estado debe ir acompañado de mecanismos de control y supervisión que garanticen la protección de la libertad de expresión, la protesta social y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

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