Tales datos, expuso agencia Brasil, corresponden al primer balance elaborado bajo el actual marco regulatorio, que obliga a bancos, cooperativas de crédito, instituciones de pago y otras entidades supervisadas a reportar con mayor rigor los incidentes, incluso cuando sean intentos frustrados.
De acuerdo con el BC, el aumento no refleja necesariamente una expansión de la actividad delictiva, sino una mayor capacidad del sistema financiero para identificar, registrar y comunicar las irregularidades.
Las modificaciones forman parte de una estrategia destinada a reforzar la seguridad del sistema y dificultar la actuación del crimen organizado y de grupos especializados en delitos cibernéticos.
Dichas reglas establecen criterios más amplios para el registro de eventos, exigen procedimientos internos más robustos y amplían las obligaciones de las instituciones financieras en materia de control, gobernanza y monitoreo de operaciones sospechosas.
Además, la información recopilada permite identificar patrones de actuación, compartir alertas entre las entidades reguladas y desarrollar herramientas más eficaces para prevenir fraudes antes de que provoquen pérdidas a clientes e instituciones.
Las estadísticas oficiales muestran que la mayoría de los registros continúa vinculada a modalidades digitales de fraude, favorecidas por la expansión de los servicios financieros electrónicos y de los sistemas de pago instantáneo.
El organismo regulador considera que el intercambio de información entre las instituciones será un elemento decisivo para anticipar riesgos y elevar la capacidad de respuesta frente a nuevas modalidades delictivas.
A juicio de representantes del BC, la prevención de fraudes constituye una de las prioridades regulatorias, especialmente después del incremento de incidentes de seguridad detectados durante el último año.
En ese contexto, el regulador también ha endurecido las condiciones para el funcionamiento de instituciones financieras y empresas de pago, elevando requisitos de capital, liquidez, gobernanza y controles internos, además de reforzar los mecanismos de supervisión sobre las entidades autorizadas.
Consultados por medios brasileños de prensa, expertos consideran que la tendencia inicial es un aumento de los registros oficiales, precisamente porque las instituciones ahora cuentan con parámetros más estrictos para clasificar y comunicar los hechos.
El BC reiteró que la cooperación entre las entidades supervisadas será fundamental para fortalecer la resiliencia del sistema financiero nacional y proteger a los usuarios frente al crecimiento de los delitos digitales.
Recalcó que las medidas forman parte de una agenda más amplia de modernización regulatoria impulsada por la autoridad monetaria brasileña.
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