La conocida también como Ley de Reconstrucción prevé reducir impuestos a las grandes empresas desde el 27 al 23 por ciento y obliga a los próximos seis gobiernos a mantener invariable ese régimen fiscal.

En total, 27 de las 28 secciones que contiene la iniciativa impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fueron aprobadas este martes, pero hubo una con voto adverso y ahora debe integrarse una comisión mixta bicameral para analizarla.

Se trata del mecanismo de compensación fiscal para el Fondo Común Municipal, un tema surgido por la decisión de La Moneda de eliminar el pago de las contribuciones (impuesto sobre la propiedad) para todos los mayores de 65 años, independientemente del valor del inmueble.

Aparte del sesgo discriminatorio de la propuesta, que beneficia sobre todo a los dueños de grandes y valiosas mansiones, los alcaldes protestaron porque una parte de esa recaudación sirve para financiar el presupuesto de las comunas, en temas como educación, salud y seguridad.

Ahora debe formarse una comisión mixta del Senado y la Sala de Diputados para decidir sobre la cuestión, pero eso ocurrirá hasta la primera o segunda semana de agosto.

Mañana es el último día de sesiones del Congreso y la agenda está prácticamente llena y, además, del 27 al 31 de julio es la llamada Semana Distrital, o de trabajo de campo de los diputados, quienes esperan estar en sus provincias por el desastre medioambiental que ocurre en el país.

Por otra parte, hay cuatro puntos en la megarreforma que el presidente Kast puede vetar, en uso de sus atribuciones constitucionales.

Se trata del derecho al olvido financiero por deudas ya prescritas y la garantía para el pago en 30 días por servicios o subsidios a las pequeñas y medianas empresas.

Figura también la prohibición de cortar servicios básicos por no pago de los usuarios en regiones devastadas por catástrofes naturales o incendios forestales, y, finalmente, el impedimento del cobro de intereses, sobre intereses vencidos, práctica también llamada anatocismo.

Otro escollo para la promulgación de la también llamada Ley de Reconstrucción Nacional, es la decisión de varios partidos políticos de centro e izquierda de llevar la iniciativa ante el Tribunal Constitucional.

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