Ese dato corresponde a la investigación TIC Gobierno 2025, divulgada por el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br), que analiza el grado de digitalización de la administración pública y el empleo de tecnologías emergentes en las instituciones de los diferentes poderes y niveles de gobierno.
De acuerdo con el estudio, el Poder Judicial lidera ampliamente la incorporación de IA, presente en el 94 por ciento de sus órganos, y le siguen el Ministerio Público (92); el Poder Legislativo (83), y el Ejecutivo (55).
Mientras el 70 por ciento de los órganos federales utiliza soluciones basadas en esa herramienta, el nivel desciende al 58 por ciento entre las instituciones estaduales, señaló la pesquisa.
Para los investigadores, esos resultados reflejan una aceleración del proceso de transformación digital del Estado brasileño, impulsado por la necesidad de modernizar los servicios públicos, optimizar procesos administrativos y ampliar la capacidad de análisis de grandes volúmenes de información.
Además, el informe puntualizó que la IA supera ampliamente a otras tecnologías emergentes utilizadas por la administración pública.
Por ejemplo, expuso, la Internet de las Cosas aparece en el 20 por ciento de los órganos federales y en el 29 por ciento de los estaduales, y el uso de blockchain alcanza al 25 por ciento de las instituciones federales y al 17 por ciento de las estatales.
Según el CGI.br, la expansión de la IA responde al creciente interés de los organismos públicos por automatizar tareas repetitivas, mejorar la atención a los ciudadanos, fortalecer la gestión documental y apoyar la toma de decisiones mediante el procesamiento de datos.
No obstante, el estudio también identificó importantes desafíos para consolidar el uso responsable, y citó la necesidad de fortalecer la gobernanza tecnológica, garantizar la protección de datos personales, capacitar a los servidores públicos y establecer criterios éticos para el desarrollo y utilización de sistemas automatizados.
Los especialistas alertaron que la incorporación de IA debe estar acompañada de mecanismos de supervisión humana y transparencia, especialmente cuando las aplicaciones puedan influir en decisiones administrativas con impacto sobre los derechos de los ciudadanos.
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