En declaraciones al portal Metrópoles, Marinho cuestionó el mensaje de Nikolas Ferreira, legislador del Partido Liberal (PL) por Minas Gerais, al considerar que podría estimular acciones de violencia contra trabajadores y poner en riesgo sus puestos laborales.

Ferreira publicó en sus plataformas digitales un desafío dirigido a comerciantes identificados con posiciones políticas de izquierda para que coloquen banderas del PT en sus establecimientos.

La convocatoria estuvo acompañada de una fotografía de un comercio con una enseña de esa organización política en su fachada.

“El Ministerio Público también tendría que pensar cómo actuar contra el señor Nikolas por esa irresponsabilidad, que constituye una incitación a la violencia contra el trabajador. Eso también es delito”, expresó el titular de Trabajo.

Marinho exhortó a los empresarios a no dejarse influir por iniciativas que puedan comprometer la continuidad de sus negocios y la estabilidad de sus empleados.

El ministro recordó que los comerciantes tienen obligaciones tributarias, compromisos financieros y responsabilidades vinculadas a la producción y la generación de oportunidades laborales, por lo que consideró inadecuado involucrarlos en acciones que puedan exponerlos a represalias por sus posiciones políticas.

Asimismo, criticó que un representante electo utilice las redes sociales para promover convocatorias que, a su juicio, pueden generar consecuencias sobre la actividad económica y la seguridad de los trabajadores.

El pronunciamiento se produce después de las elecciones presidenciales brasileñas del 25 de octubre, en las que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro.

En los días posteriores a los comicios circularon en redes sociales y grupos de mensajería listas de empresas y comercios cuyos propietarios supuestamente apoyaron a Lula, acompañadas de llamados a dejar de comprar en esos establecimientos.

Además, parlamentarios como la diputada estatal India Armelau, del PL de Río de Janeiro, instó a los empresarios a revisar las redes sociales de sus empleados y cuestionó que mantuvieran contratados a quienes apoyaron al mandatario reelecto.

Según datos del Ministerio Público del Trabajo, las denuncias por acoso electoral ascendieron a dos mil 364 hasta la tarde del 27 de octubre, frente a mil 937 registradas hasta el día de la votación.

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