Según reportó el diario Metro Libre, el planteamiento surge tras una publicación de la revista colombiana Semana, difundida el pasado 18 de julio, que cita fuentes de inteligencia según las cuales presuntos cabecillas y testaferros de bandas estarían buscando refugio en territorio istmeño luego de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente del pais suramericano.

Ortega señaló que las autoridades panameñas debieron adoptar medidas preventivas durante al menos 90 días, luego de los anuncios formulados por el mandatario electo sobre una política de mano dura contra grupos armados ilegales, que incluye la erradicación de cultivos ilícitos y operaciones militares contra esas estructuras. Asimismo, propuso establecer una mesa de coordinación entre Panamá, Colombia y Estados Unidos para revisar las notificaciones internacionales de Interpol, incluidas las circulares roja, azul y amarilla, con el propósito de identificar personas requeridas por la justicia y fortalecer el intercambio de información sobre presuntos testaferros, financistas y redes vinculadas al lavado de activos y otros delitos.

El exjefe del Senafront también consideró que las autoridades de seguridad panameñas debieron emitir un pronunciamiento oficial de manera inmediata ante las versiones divulgadas.

Hasta el momento, los organismos de seguridad de Panamá no han confirmado ni desmentido la información. No obstante, el director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis A. De Gracia, indicó recientemente que las instituciones analizan los datos disponibles y los contrastan con sus fuentes para determinar la veracidad de las informaciones y, de ser necesario, activar los mecanismos correspondientes.

El funcionario precisó además que, aunque existe comunicación permanente con organismos de seguridad de otros países, hasta ahora no han recibido información específica relacionada con ese caso.

Por su parte, la analista política colombiana María Lucía Jaimes señaló que las versiones difundidas proceden de fuentes de inteligencia citadas por la revista Semana y que, hasta el momento, no han sido confirmadas por las autoridades panameñas, por lo que consideró necesario abordar el asunto con responsabilidad, agrega el informativo.

No obstante, estimó que el escenario resulta plausible debido a que las organizaciones criminales suelen desplazarse hacia territorios donde perciben menor presión cuando un nuevo gobierno anuncia una estrategia de mayor confrontación.

Jaimes advirtió que el principal riesgo para Panamá no sería únicamente la eventual llegada de esos cabecillas, sino el posible movimiento de recursos financieros asociados a actividades ilícitas, lo que podría incrementar los riesgos de lavado de activos e infiltración en el sistema financiero.

En ese contexto, recomendó fortalecer la cooperación bilateral entre Panamá y Colombia mediante el intercambio de inteligencia en tiempo real, una mayor vigilancia sobre los flujos financieros y migratorios y mecanismos de extradición más ágiles, en seguimiento a la coordinación anunciada entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el mandatario electo colombiano, subraya el periódico.

De acuerdo con declaraciones difundidas por medios colombianos, Abelardo de la Espriella afirmó recientemente que, si integrantes del Clan del Golfo huyeron hacia Panamá, «les aconsejo que se vayan más lejos».

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