La resolución, divulgada por el Ministerio de Minas y Energía, establece una hoja de ruta para que las entidades del sector identifiquen riesgos, incorporen obras prioritarias en los planes de expansión y desarrollen infraestructura capaz de responder a eventos de baja probabilidad y alto impacto, como fenómenos climáticos extremos, fallas técnicas o ataques cibernéticos.
Entre las principales medidas se encuentran la creación de una metodología nacional para identificar vulnerabilidades del sistema, la incorporación de criterios de redundancia y resiliencia en nuevas subestaciones y líneas de transmisión y el fortalecimiento de la ciberseguridad del sector eléctrico.
Incluye asimismo la definición de planes de recuperación del servicio y la ejecución de obras estratégicas que permitan aumentar la capacidad y confiabilidad de la red.
La normativa comprende también el desarrollo de proyectos de expansión por parte de terceros cuando los operadores de red no ejecuten las obras requeridas dentro de los plazos establecidos.
Según apuntó la fuente, la regulación permitirá modernizar la planeación de la expansión eléctrica y consolidar una red más robusta frente al crecimiento de la demanda y los desafíos derivados del cambio climático.
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