De acuerdo con el Código de la Democracia (ley electoral), los asambleístas que aspiren a un cargo de elección popular distinto al que ejercen están obligados a dejar sus funciones antes de inscribir sus candidaturas, proceso previsto entre el 2 y el 17 de agosto.

El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) concentra hasta el momento el mayor número de precandidatos-legisladores.

Entre ellos figuran el expresidente de la Asamblea Niels Olsen, quien ya renunció a su escaño y buscará la alcaldía de Samborondón, y Andrés Guschmer, que también dejó el Legislativo con miras a la prefectura de Guayas.

La Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora, afirma que tendrá candidato a pesar de que el proceso se desarrolla luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendiera a la organización por nueve meses y, posteriormente, hiciera lo mismo con su aliado, el movimiento Amigo.

La suspensión de Amigo, resuelta un día antes del vencimiento del plazo para registrar alianzas electorales, obligó a la reorganización de las postulaciones del correísmo mediante otras agrupaciones.

Entre los nombres de legisladores de la RC que buscarán cargos locales figuran Viviana Veloz para la alcaldía de Santo Domingo de los Tsáchilas; Fricson George, para la alcaldía de Daule; Ronald González, para la prefectura de Los Ríos; Janet Bustos, para la de Esmeraldas; entre otros.

También se mencionó al legislador Juan Pablo Molina como posible aspirante a la alcaldía de Guayaquil, aunque su precandidatura aún no ha sido definida por esa fuerza política.

Los asambleístas suplentes de quienes formalicen sus postulaciones deberán ser principalizados hasta el 17 de agosto y permanecerán en funciones durante el resto del actual período legislativo, por lo que no se espera un cambio en la correlación de fuerzas del Parlamento.

El 29 de noviembre próximo los ecuatorianos irán a las urnas a escoger prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades locales, así como a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Este proceso electoral se desarrolla en medio de denuncias por las decisiones que obstaculizan la participación de la oposición.

Organizaciones sociales y políticas han señalado que la exclusión de la RC y Amigo altera las condiciones de la competencia por los más de cinco mil cargos locales que estarán en disputa.

“Esto que vivimos es una dictadura, pura y dura”, aseveró el parlamentario andino Virgilio Hernández, quien aseguró que el Gobierno controla las funciones del Estado, impide elecciones “libres y competitivas”, persigue a opositores y acomoda la Constitución “a intereses del dictador y su grupo oligárquico”.

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