La Ley del Régimen Penitenciario exige un manual de clasificación de puestos y salarios, pero todavía no existe en el país, explicó la experta en estos temas Corinne Dedik, según un reporte del diario Soy 502.

Todos los agentes tienen el mismo grado y salario, sin la posibilidad de ascender, describió la analista, quien expuso además que una carrera para ese personal especializado se discute en una mesa interinstitucional.

Participan el Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario, la Escuela de Estudios Penitenciarios y la Oficina Nacional de Servicio Civil, amplió Dedik.

Añadió que, actualmente, un aproximado de cuatro mil agentes laboran en dos turnos de ocho horas de trabajo por ocho de descanso en las cárceles nacionales.

Custodian 23 mil reclusos, lo que representa un promedio de uno por cada 15 privados de libertad, acotó.

Enfatizó que la formación de nuevos uniformados ha sido irregular durante la última década. En 2017 se graduaron más de 500; sin embargo, entre 2018 y 2020 no egresó nadie.

La capacitación –detalló- se reanudó posteriormente, con alrededor de 260 graduados en 2023 y apenas 100, en el 2024. Para 2025 se registró nuevamente una promoción de casi 500.

A su juicio, esto evidencia que la formación inicial depende de las prioridades de cada administración y de la disponibilidad presupuestaria.

Guatemala y el Salvador son los territorios que dedican menos tiempo para la formación de sus agentes penitenciarios, contrario a lo que sucede en Chile y Perú que lo hacen en un año, subrayó.

Colombia, Dominicana, Chile y Argentina institucionalizaron la carrera y exigen para desempeñar puestos de mando a sus agentes dos o tres años de estudios, remarcó.

Sus palabras sobrevinieron en el marco de la presentación del Índice de Denuncias de Delitos, en la cual el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la Fundación de Desarrollo y Crime Stoppers mostraron tales resultados.

A tenor con lo anterior, un editorial del periódico Prensa Libre aseveró que la ciudadanía es presa de fallas penitenciarias.

La seguridad en las cárceles ha sido, durante demasiado tiempo, el eslabón más débil en el combate del delito, dijo.

Los intentos por fortalecerla se concentraron sucesivamente en las mallas, los cerrojos y los muros de centros de detención “de alta seguridad”, que paradójicamente no detuvieron el crecimiento de operaciones criminales a lo interno de las cárceles, sentenció.

Para muchos especialistas tratar la crisis carcelaria como un problema aislado ha sido uno de los grandes errores estratégicos en la gestión de la seguridad en Guatemala.

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