Durante la movilización, los manifestantes interpusieron una acción de nulidad contra el Decreto Ejecutivo No. 26, norma que, según denunciaron, ordena la suspensión de entierros en cementerios ubicados dentro del área del proyecto y abre paso a futuras exhumaciones de restos humanos en comunidades como Limón de Chagres.

La iniciativa legal se produce luego de una ceremonia religiosa celebrada el pasado 26 de junio por el obispo de la diócesis de Colón y Guna Yala, Manuel Ochogavía, en memoria de las personas cuyos restos podrían ser trasladados como consecuencia del desarrollo del reservorio.

A las reclamaciones de los residentes se sumaron organizaciones como la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Red de Derechos Humanos de Panamá, que manifestaron preocupación por el empleo de mecanismos de Justicia Comunitaria de Paz en medio del conflicto territorial que enfrenta a las comunidades con las autoridades.

Durante la protesta, los campesinos rechazaron las inspecciones realizadas en la zona y reclamaron el respeto a los territorios donde, afirmaron, han vivido varias generaciones de sus familias, además de exigir la preservación de los cementerios considerados parte de su patrimonio histórico y cultural.

El proyecto impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) contempla la construcción de un embalse en la cuenca del río Indio como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad hídrica del país, garantizar el suministro de agua potable para más de dos millones de personas y mantener la operación de la vía interoceánica frente a los efectos de las sequías prolongadas.

De acuerdo con estimaciones divulgadas durante el proceso de planificación, la obra implicaría el reasentamiento de miles de residentes distribuidos en centenares de familias asentadas en la cuenca, situación que ha generado preocupación entre los pobladores por el futuro de sus tierras, sus actividades agrícolas y las compensaciones previstas.

La ACP sostiene que el proyecto está respaldado por estudios técnicos, ambientales y sociales, y asegura que desarrolla programas de diálogo y compensación para las comunidades potencialmente afectadas.

Sin embargo, las organizaciones campesinas insisten en que existen alternativas para enfrentar la crisis hídrica sin recurrir a la inundación de territorios productivos y comunidades con arraigo histórico, por lo que demandan la suspensión de las labores relacionadas con el embalse mientras sus propuestas sean evaluadas por las autoridades.

La controversia en torno al proyecto se intensificó después de que el Canal de Panamá identificara el embalse de río Indio como la principal solución para reforzar la disponibilidad de agua tanto para el funcionamiento de las esclusas como para el abastecimiento de la población, tras las limitaciones operativas provocadas por la severa sequía registrada entre 2023 y 2024.

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