Así lo afirmó el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Gustavo Porras, en declaraciones al programa El Mapa de Telesur, al señalar que la iniciativa responde a la necesidad de consolidar un marco jurídico que garantice la soberanía y preserve el modelo del Pueblo Presidente.

Porras sostuvo que la historia de Nicaragua ha estado marcada por intervenciones extranjeras, desde la invasión filibustera de William Walker en 1856 hasta la ocupación militar estadounidense en el siglo XX, y aseguró que esos antecedentes justifican el fortalecimiento del orden constitucional.

Según explicó, la propuesta de reforma se encuentra en un amplio proceso de consultas con los diferentes sectores del país y contempla varios ejes centrales destinados a reforzar la institucionalidad y la estabilidad política.

Entre ellos destacó disposiciones para impedir la participación en procesos electorales de quienes, según la iniciativa, hayan promovido golpes de Estado, atentado contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional o violado los principios fundamentales de la Constitución.

Afirmó que la reforma no elimina los procesos electorales, sino que busca garantizar que estos continúen desarrollándose con acompañamiento electoral y bajo normas que resguarden los intereses nacionales.

Otro de los aspectos propuestos establece períodos de siete años para los cargos de elección popular, así como para funcionarios designados por la Presidencia de la República o electos por la Asamblea Nacional.

De acuerdo con Porras, esa medida permitiría fortalecer la estabilidad institucional y dar continuidad a programas y proyectos de desarrollo impulsados por el Estado, entre ellos hospitales, escuelas, carreteras y la ampliación de la cobertura eléctrica.

Añadió que la iniciativa también plantea armonizar ese período para las principales autoridades del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, con el objetivo de reforzar la cohesión y la seguridad institucional.

El diputado señaló, además, que las reformas fortalecerían las atribuciones del Consejo Supremo Electoral para organizar los comicios y aplicar las disposiciones constitucionales relacionadas con la participación de partidos y candidatos.

En ese sentido, indicó que el órgano electoral tendría facultades para cancelar la personalidad jurídica de organizaciones políticas que reciban financiamiento extranjero o promuevan intervenciones, sanciones o acciones contra el país.

Manifestó que el objetivo es elevar a rango constitucional normas dirigidas a proteger la democracia nicaragüense y evitar la repetición de episodios de injerencia extranjera registrados en el pasado.

El titular del Parlamento comentó que Nicaragua continuará celebrando elecciones «limpias y transparentes», y afirmó que el proceso busca preservar el modelo de desarrollo actual, basado en la gratuidad de la educación y la salud, la ampliación de la infraestructura, así como la lucha permanente contra la pobreza.

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