El denominado Plan de Protección de Quito prevé incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad en sectores considerados estratégicos, con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer el control estatal frente a las organizaciones criminales.
En un mensaje difundido en redes sociales, Noboa afirmó que una capital segura contribuye a la estabilidad del país.
“Ya defendimos una vez esta ciudad de quienes pretendían imponer el caos y la anarquía, hoy lo volveremos a hacer», afirmó Noboa al anunciar la medida.
El despliegue se implementará mientras Quito y otros cantones de 10 provincias permanecen bajo estado de excepción, decretado por el Ejecutivo ante el avance de bandas vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Según el Gobierno, el operativo priorizará la vigilancia en escuelas, centros de trabajo, estaciones del Metro de Quito, terminales de transporte, mercados, entidades financieras, centros comerciales y barrios identificados con mayores índices de violencia.
Asimismo, se reforzarán los controles en los accesos a la ciudad y en corredores viales utilizados por estructuras criminales, con el apoyo de 100 vehículos mecanizados y 20 drones para ampliar la capacidad operativa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
El anuncio se produce días después del hallazgo del cuerpo decapitado de un hombre colgado de un puente en el norte de Quito, un hecho sin precedentes en la capital que, según las autoridades, estaría relacionado con la disputa entre organizaciones del crimen organizado.
Datos de la Policía Nacional indican que Quito registra más de 136 muertes violentas en lo que va de 2026.
A eso se suman las frecuentes noticias sobre desapariciones de personas en la urbe capitalina.
A nivel nacional Ecuador acumuló cuatro mil 154 homicidios intencionales entre enero y junio de este año, la segunda cifra más alta para un primer semestre, aunque representa una disminución del 10,8 por ciento respecto al mismo período de 2025.
Desde enero de 2024, esta nación sudamericana se encuentra bajo la declaratoria de conflicto armado interno, decreto que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ha sido cuestionado por organizaciones que denuncian violaciones de derechos en el contexto de la militarización.
car/avr
