El proyecto, denominado Ley Antimafias, recibió 85 votos favorables y 61 en contra, estos últimos principalmente de la bancada opositora de la Revolución Ciudadana (RC), que criticó el enfoque de la normativa, impulsada por la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno.

Uno de sus principales cambios establece que las condenas podrán acumularse hasta 60 años cuando una persona sea sentenciada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, siempre que la suma de las penas supere los 40 años.

La reforma incorpora, además, los delitos de colaboración externa y pertenencia a organizaciones criminales, con sanciones de 10 a 13 años para quienes proporcionen conscientemente recursos, información o asistencia a esas estructuras.

Durante el debate, la ponente del proyecto, Inés Alarcón, de Acción Democrática Nacional (ADN), defendió que la reforma permita perseguir no solo a los cabecillas y ejecutores de delitos, sino también a quienes cumplen funciones que hacen posible el funcionamiento de las organizaciones.

Desde la oposición, el asambleísta de la RC Xavier Lasso cuestionó que el endurecimiento de las penas sea presentado como respuesta a la violencia que atraviesa el país y defendió la necesidad de fortalecer la inversión social.

“No es cuestión de leyes el problema que tiene nuestro país. Ya también hemos insistido, es un problema de inversión social”, sostuvo el legislador, que denunció el abandono de la educación y la salud pública y reclamó una mayor presencia estatal en las comunidades.

La parlamentaria Jahiren Noriega, también de la RC, consideró que la propuesta prioriza el endurecimiento penal sin incorporar una política integral de prevención, investigación e inteligencia.

Añadió que su bancada presentó observaciones que no fueron incorporadas.

Luego de la sesión, representantes de Italia compartieron en el parlamento ecuatoriano experiencias legislativas y judiciales en la lucha contra las organizaciones mafiosas.

La presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia italiana, Chiara Colosimo, destacó la cooperación internacional y la necesidad de atacar las fuentes de financiamiento de esos grupos.

Tras la votación, el proyecto será remitido al presidente Daniel Noboa, quien podrá sancionarlo u objetarlo.

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