El objetivo es que lo incautado sirva para fortalecer las capacidades operativas de las entidades policiales encargadas de combatir a esas bandas y también para la reparación a las víctimas de los delitos.

Aunque no se conocen todos los detalles, la iniciativa puede contar con respaldo dentro del Parlamento ante la necesidad de enfrentar el creciente clima de inseguridad en el país.

No obstante, desde la oposición algunos legisladores consideran insuficiente la medida si no se avanza en levantar el secreto bancario para poder perseguir la ruta del dinero.

“Hasta ahora el Gobierno ha tenido cierto sesgo por evitar apuntar con fuerza a la persecución del dinero y saber dónde se encuentra, cómo se administra y liquidarlo cuando esto está en manos de personeros que se esconden en oficinas o en directorios de empresas”, declaró el diputado Patricio Pinilla, de la Democracia Cristiana.

Para el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, si el objetivo es afectar el patrimonio del crimen organizado, también se debe facilitar el acceso a las cuentas y fortunas que sostienen estas estructuras delictuales.

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