El Tribunal de Garantías Penales declaró culpable a Alvarez por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, al determinar que incumplió la medida cautelar que le obligaba a portar un grillete electrónico mientras afronta otros procesos penales.

Tras conocerse la sentencia, el abogado Julio César Cueva cuestionó el desarrollo del juicio y aseguró que el proceso siguió «el mismo libreto» de otros casos de connotación política.

El jurista también criticó las pruebas presentadas por la Fiscalía y sostuvo que el tribunal «tuvo que invertir la carga de la prueba» para emitir una sentencia condenatoria.

Otro de los integrantes de la defensa, Ramiro García, calificó el fallo como parte de una «persecución» y afirmó que las causas conocidas como Triple A y Goleada, que también enfrenta el alcalde, «están caídas».

Por su parte, el abogado David Norero manifestó en la red social X que «las sentencias pueden condenar a una persona, nunca a la verdad», y añadió que las decisiones judiciales «deberán responder ante la historia, el derecho y la justicia».

El vocero del alcalde, César Poveda, rechazó igualmente la decisión judicial y sostuvo que el dispositivo de vigilancia electrónica presentaba fallas por tratarse de un equipo obsoleto, por lo que, a su juicio, las pruebas no sustentan la condena.

En entrevista con la emisora Radio Pichincha, Poveda también cuestionó la independencia de la justicia ecuatoriana y afirmó que «en el momento en el que un juez se atreve a decirle al fiscal de turno o al poder en general ‘no’, ese juez se ve perseguido en lo posterior».

En el ámbito político, la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, expresó su respaldo a Álvarez y sostuvo que la condena es “ un nuevo y nefasto capítulo”.

“Mediante estas acciones legales carentes de sustento buscan impedir su participación electoral, perjudicando sobretodo a la ciudadanía que no podrá reelegirlo”, apuntó Pabón en referencia a las venideras elecciones seccionales.

La sentencia de primera instancia impone al alcalde tres años de prisión, una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados, la obligación de ofrecer disculpas públicas y la publicación de la parte resolutiva del fallo en un medio de circulación nacional.

Álvarez, que se encuentra en la prisión de máxima seguridad El Encuentro desde febrero pasado, enfrenta, además, otros dos casos penales, denominados Triple A y Goleada, los cuales permanecen en trámite.

Tanto él como sectores de la oposición consideran todos esos procesos como parte de una estrategia de judicialización contra uno de los principales dirigentes opositores al Gobierno del presidente Daniel Noboa.

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