Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

A 48 horas de que el presidente, Rodrigo Paz, cumpla nueve meses en el cargo, existe insatisfacción en la izquierda y en la derecha en el campo de la política, la economía y en el campo de la seguridad, con el departamento más rico y extenso, Santa Cruz, como epicentro del sicariato.

Según el estudio de Ipsos Ciesmori confirmado con inteligencia artificial por instituciones verificadoras, la popularidad del jefe de Estado cayó en julio último hasta los 33 puntos porcentuales, menos de la mitad del 65 por ciento que registraba el 8 de noviembre, cuando oficialmente se hizo cargo de la silla presidencial.

En este contexto, el líder de la principal aliada del Gobierno boliviano en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, confirmó oficialmente en sus redes sociales la ruptura de esa colaboración política.

“Desde hoy lunes 27 de julio de 2026, Unidad Nacional (UN) y el Gobierno de Rodrigo Paz seguimos caminos separados”, escribió el también acaudalado empresario y jefe de la tercera bancada con representación parlamentaria.

Según Doria Medina, la razón principal de esa ruptura responde, principalmente, a razones éticas.

“(…) Compartimos muchos aspectos de la ideología del Gobierno, pero nos molestan sus formas de hacer (o no hacer) las cosas. También nos preocupa la corrupción, mal eterno y general, que por eso mismo debe enfrentarse de una manera decidida, lo que consideramos que no se está haciendo actualmente”, subrayó el político.

Desde otro ángulo, expresan crítica empresarios, gremiales y, sobre todo, transportistas perjudicados primero económicamente por la importación y distribución de la denominada “gasolina basura”, que arruinó miles de motores con las erogaciones correspondientes, así como por la escasez de hidrocarburos, que los obliga a protagonizar kilométricas filas, a veces durante días.

Estas contradicciones tienen como antecedente 53 días de marchas y bloqueos de sectores sociales con la exigencia de la renuncia del presidente Paz, a quien acusan de traicionar a quienes lo llevaron al poder, al incumplir las promesas de su campaña electoral, así como los compromisos establecidos con distintos sectores para lograr la pacificación.

La economía, en tanto, se ve afectada en la esfera monetaria, después que a partir de 9,73 bolivianos por dólar se eliminó el sistema de cambio fijo y llegó a rebasar las 12 unidades monetarias.

En medio de esta situación, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que se viabilizó un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por mil 900 millones de dólares, el cual todavía se espera.

Sin embargo, diversos sectores políticos y sociales exigen transparencia acerca de las condiciones exigidas por esa institución promotora de las políticas neoliberales, las cuales el Ejecutivo mantiene en la más absoluta reserva.

El tema de la inseguridad y el narcotráfico, sobre todo en el más extenso y rico departamento del país, Santa Cruz, es otra asignatura pendiente del Gobierno de Paz en sus primeros nueve meses

Pese a que en coordinación con la Agencia Antinarcóticos (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se capturó y expulsó hacia ese país al narcotraficante más buscado de Sudamérica, indicios de corrupción convirtieron ese acontecimiento en un hecho contraproducente.

Tras esa captura al margen del Ministerio Público, las cajas fuertes del capo de origen fueron abiertas días después ante la prensa y estaban vacías.

Sin embargo, tras muchas denuncias del canal privado de investigación DTV, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, reconoció 40 días después en una entrevista televisada que las joyas valoradas en millones y otros valiosos recursos, estaban en poder del Estado.

Otros escándalos como el de las 31 denominadas “narcomaletas” importadas ilegalmente desde Estados Unidos por el aeropuerto cruceño de Viru Viru sin que hasta el momento se conozca su contenido y paradero, y el de 108 toneladas de drogas impregnadas químicamente en madera decomisadas en puertos chilenos, dañan la confianza internacional en Bolivia.

Dentro de este contexto, el departamento de Santa Cruz se convirtió en el epicentro del sicariato en Bolivia tras el asesinato de 10 personas en los últimos siete días.

Al respecto, el criminólogo Cristian Sánchez opinó que tras la captura y expulsión de Marset este año en este departamento, así como la aprehensión de denominados “peces gordos” de las pandillas brasileñas Primer Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, la violencia está relacionada con la lucha por el control del tráfico de drogas, de armas y la legitimación de ganancias ilícitas.

Según Sánchez, al conflicto entre las dos pandillas brasileñas se suman mafias de Europa del Este provenientes de Albania, Rumanía, Serbia, Bulgaria y Polonia, y alertó que “el grueso de la producción de cocaína boliviana no se dirige a Estados Unidos, sino a Europa, a través de Paraguay, Argentina y Brasil.

Todos estos indicadores, explican por qué la mayoría de los bolivianos residentes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz opinan que el país no marcha en una dirección correcta.

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