De acuerdo con un estudio publicado por el diario La Estrella de Panamá, con base en estadísticas del Ministerio Público, entre 2024 y 2025 se registraron 138 sentencias por delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales.
En lo que va de 2026 ya se contabilizan 164 sentencias, mientras desde 2024 suman 575 los fallos condenatorios, incluidos acuerdos de pena. De ese total, 196 correspondieron a 2024 y 215 a 2025.
El procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, señaló que actualmente existen más de seis mil 500 causas activas en las Fiscalías Anticorrupción y que durante el presente año se han recuperado más de nueve millones de dólares.
Sin embargo, el costo económico de la corrupción supera ampliamente los montos recuperados, según reflejan auditorías de la Contraloría General de la República y de instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Solo en la reciente Operación Pandora, relacionada con presuntos créditos fiscales ilegítimos creados mediante movimientos dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), la lesión patrimonial supera los 40 millones de dólares, aunque los fiscales estiman que la cifra podría ser mayor.
Como referencia, entre 2018 y 2024 el Ministerio Público recuperó 50,1 millones de dólares mediante sentencias, incluidos casos de alto perfil como New Business y el Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Ese monto, obtenido durante seis años, es 15 millones de dólares inferior a la lesión patrimonial estimada únicamente en los casos Pandora y Juntas Comunales.
En procesos como el de Odebrecht, las cifras son todavía mayores. La constructora brasileña admitió el pago de más de 100 millones de dólares en sobornos y, transcurridos más de 11 años desde el inicio de las investigaciones en Panamá, aún se espera una sentencia, prevista para los próximos meses.
La exprocuradora Ana Matilde Gómez consideró que las investigaciones por blanqueo de capitales pueden resultar especialmente complejas, debido a que este delito depende en buena medida de la identificación y comprobación del delito precedente.
Explicó que, cuando el delito fuente es el enriquecimiento injustificado, se requiere como condición para avanzar un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.
Gómez también señaló entre los factores que dificultan estos procesos las decisiones de los jueces sobre la declaración de una causa como compleja, lo que puede extender el período de investigación, así como la falta de especialización para abordar expedientes que involucran transacciones financieras, estructuras societarias y diversas modalidades contractuales.
Una de las razones para la creación del Sistema Penal Acusatorio (SPA), en 2011, fue precisamente agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando todas las provincias del país quedaron incorporadas a ese modelo.
Casos como Odebrecht permanecen bajo el Sistema Inquisitivo Mixto, mientras otros expedientes de gran repercusión pública continúan enfrentando prolongados trámites.
La semana pasada, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó una sentencia absolutoria emitida en 2024 en los procesos conocidos como Lava Jato y Panama Papers.
Ambas investigaciones acumulan más de una década desde su apertura en Panamá y todavía existe la posibilidad de que el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su revisión.
La extensión de los procesos penales durante períodos prolongados puede favorecer incluso escenarios de impunidad, advirtieron expertos.
En el caso Odebrecht, por ejemplo, algunos cargos ya prescribieron debido al paso del tiempo, por lo que los imputados no podrán ser sentenciados por esos hechos.
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