La iniciativa, identificada como PEC 221/2019, fue aprobada por la Cámara de Diputados en mayo pasado y establece cambios en el régimen de trabajo vigente en el gigante sudamericano.
Centrales sindicales, colectivos laborales y pueblo en general piden el fin de la jornada de seis días de trabajo por uno de descanso y la reducción de 44 a 40 horas la carga semanal, sin disminución salarial.
Medios de prensa, como agencia Brasil, apuntaron que el despacho de Alcolumbre representa el inicio de la tramitación de la propuesta en la Cámara Alta.
La propuesta debe ser analizada primero por la CCJ, comisión encargada de evaluar aspectos constitucionales, jurídicos y técnicos de las propuestas de enmienda constitucional.
Alcolumbre había señalado anteriormente que la PEC no sería enviada directamente al pleno y defendió un amplio debate sobre sus posibles efectos sociales, económicos y productivos.
Esta discusión ha ganado espacio en Brasil por los sectores que defienden una reducción de la jornada laboral y una ampliación del tiempo destinado al descanso y la convivencia familiar.
Tal opción busca modificar las reglas constitucionales que actualmente establecen una jornada máxima de ocho horas diarias y 44 semanales, además de garantizar un descanso semanal remunerado.
Con la modificación, la semana laboral pasaría a tener una distribución diferente, con mayor tiempo libre para los trabajadores. El envío de la PEC a la CCJ, divulgaron informaciones periodísticas, ocurrió durante una jornada en la que Alcolumbre también remitió a la comisión una propuesta de enmienda constitucional sobre seguridad pública.
Ambas iniciativas forman parte de las prioridades anunciadas por la Presidencia del Senado para su análisis durante el período legislativo.
El titular de la Cámara Alta había rechazado previamente presiones para acelerar el trámite y sostuvo que las propuestas de gran impacto deben seguir el debido proceso.
Después de su paso por la CCJ, la PEC deberá superar las etapas previstas en el reglamento del Senado antes de llegar al pleno, y por tratarse de una enmienda constitucional requerirá una mayoría calificada para su eventual aprobación.
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