En declaraciones al diario La Estrella de Panamá, la también excanciller afirmó que, así como el Canal fue la gran reivindicación nacional del siglo XX, la educación debe convertirse en la del XXI, por su impacto en el desarrollo económico y social de la nación.

Castrellón advirtió además sobre los riesgos asociados a la adquisición recurrente de computadoras portátiles para las escuelas públicas, al señalar que Panamá podría entrar en una espiral de obsolescencia tecnológica, en un contexto donde uno de cada tres niños vive en condiciones de pobreza y enfrenta carencias alimentarias.

De acuerdo con estadísticas oficiales citadas por la especialista, alrededor del 80 por ciento de los estudiantes panameños asiste a centros educativos públicos, mientras persisten profundas desigualdades en el acceso a oportunidades de aprendizaje.

En ese sentido, sostuvo que en Panamá el lugar de nacimiento continúa condicionando la calidad de la educación recibida y recordó que las pruebas CRECER, aplicadas entre 2016 y 2018, evidenciaron marcadas diferencias entre las distintas regiones educativas.

Mientras Azuero registró algunos de los mejores resultados, la comarca Guna presentó los más bajos, ejemplificó y atribuyó esa brecha a las desiguales oportunidades de aprendizaje que afrontan los estudiantes, especialmente en áreas de difícil acceso y comarcas indígenas.

La situación, apuntó, coloca en una posición de mayor vulnerabilidad precisamente a los sectores de la población que requieren más apoyo educativo.

Castrellón también alertó sobre las consecuencias de la interrupción de las clases presenciales. Según sus estimaciones, entre 2020 y 2025 los niños y jóvenes panameños perdieron más de 600 días de enseñanza presencial debido a paros, protestas y cierres.

A su juicio, esa pérdida de tiempo lectivo contribuyó a profundizar el rezago educativo y está relacionada con el incremento de jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como ninis, fenómeno que, según indicó, alcanza alrededor de mil nuevos casos por mes.

Asimismo, cuestionó la diferencia en el tiempo efectivo de aprendizaje entre estudiantes de escuelas públicas y particulares, pues, según explicó, los primeros disponen de jornadas educativas más cortas, mientras los segundos pueden permanecer entre dos y tres horas adicionales en los centros escolares.

La educadora también señaló como problemas la ausencia de docentes y el ausentismo de estudiantes, factores que, a su juicio, agravan la vulnerabilidad del sistema público.

Respecto al destino de los recursos estatales, defendió una mayor inversión en alimentación escolar y consideró que las políticas públicas deben atender las necesidades básicas de los estudiantes, especialmente en un país donde uno de cada tres niños enfrenta pobreza multidimensional.

En ese sentido, sostuvo que garantizar la alimentación puede contribuir de manera decisiva a la permanencia de los alumnos en las aulas y al aprovechamiento escolar.

Para la presidenta de Fundespa, mejorar la educación constituye una condición indispensable para evitar la exclusión social y aprovechar el potencial de las nuevas generaciones.

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