De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el propósito de la medida es que las inspecciones se realicen bajo criterios técnicos comunes para evitar duplicidades e inconsistencias en los registros.

Los resultados, detalló, servirán para tomar decisiones relacionadas con las restricciones de empleo, el retorno seguro de la población y el restablecimiento de los servicios esenciales durante la fase de respuesta, así como para definir las acciones que se ejecutarán una vez comience la fase de recuperación.

Subrayó la entidad que la metodología se implementará de manera progresiva y la evaluación se desarrollará en dos fases.

La primera de ellas comprende una inspección visual de las edificaciones con el fin de determinar si una edificación puede ser ocupada, si requiere restricciones de uso o si no debe ocuparse, de acuerdo con las condiciones observadas en el momento de la inspección.

Como resultado se instalarán carteles de tres colores: verde en caso de que se permita el ingreso y empleo de la edificación, aunque no significa que esté libre de daños; amarillo para establecer restricciones de ingreso, ocupación o uso y señala la necesidad de realizar una evaluación detallada; y rojo que indica peligro de colapso y prohíbe la habitabilidad.

La segunda fase estará dirigida a las edificaciones clasificadas inicialmente con carteles amarillos o rojos, confirmó además la fuente.

Su objetivo será confirmar o modificar la clasificación inicial, establecer recomendaciones de intervención y caracterizar la situación de los hogares o las organizaciones que ocupan los inmuebles, con el fin de que las alcaldías determinen el destino final de las estructuras.

Hasta la fecha, de acuerdo con la Ungrd, el terremoto provoca un saldo de 329 fallecidos, cuatro mil 592 heridos y 234 desaparecidos.

Las viviendas averiadas ascienden a 178 mil 236 viviendas y a 31 mil 519 las destruidas; en tanto se reportan cinco mil 884 edificios dañados y 574 colapsados.

En infraestructura se contabilizan 378 entidades de salud, tres mil 726 instituciones educativas, cuatro mil 140 centros comunitarios, 435 vías, cinco aeropuertos, 115 acueductos, 70 puentes vehiculares y 15 puentes peatonales afectados.

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