Mediante un mensaje en su perfil en la red social X, la institución detalló que aprehendió 23 en cumplimiento de órdenes judiciales, 47 por portación ilegal de armas de fuego, incluidos ocho portando fusiles y 10 con chalecos antibalas.

Además, acotó, 25 por extorsión, 17 por asesinato, igual cifra por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, 40 por tenencia de drogas, 23 a causa de robo de motocicletas, 18 por otros, y demás.

En el país, explicó la fuerza de seguridad interna, los adolescentes en conflicto penal son personas mayores de 13 y menores de 18 años y su atención se rige por la ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA).

El sistema de justicia especializada prioriza la reinserción social, y establece la privación de libertad como una medida excepcional y de último recurso, amplió.

Mencionó varios artículos de la Ley PINA que circunscriben la pena máxima de privación de libertad para adolescentes a seis años, sin importar la gravedad o la cantidad de delitos cometidos.

Aclaró que actúa dentro de sus competencias y pone a los jóvenes a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinan las medidas aplicables conforme a la legislación. Por ello, reiteró el llamado a padres o responsables de menores verificar las actividades y con quiénes se juntan sus hijos, ya que una de las problemáticas es que están siendo utilizados por las pandillas.

Deben guiarlos y explicar las consecuencias de cualquier acto realizado, enfatizó la PNC.

La situación, según analistas del tema, responde a un modelo criminal donde las maras (Barrio 18 o Salvatrucha) y bandas de extorsión emplean a los adolescentes como “fuerza operativa desechable”, sumado a graves deficiencias en la prevención social y la protección estatal.

Las estructuras criminales instrumentalizan la Ley PINA al saber que los menores de edad no enfrentan penas adultas ni prisión en cárceles de máxima seguridad.

Les asignan –añadieron los expertos- los roles con mayor exposición pública: entregar teléfonos para extorsiones, cobrar el dinero en mano, transportar armas y ejecutar ataques de sicariato, lo cual lleva a su captura en flagrancia.

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