Tal iniciativa aconteció en la Plaza de los Huesos, en la región de los Lagos, estado de Río de Janeiro, como parte de la iniciativa Búzios por Ellas, que promueve la Secretaría Municipal de la Mujer.
Mediante la acción, expuso agencia Brasil, se pretende aproximar la red territorial de protección a la población y ampliar el acceso de las mujeres a información sobre servicios de atención, orientación y apoyo.
Además, busca convertir el espacio público en un punto de sensibilización sobre la necesidad de prevenir los feminicidios.
El sitio elegido para instalar el Banco Rojo posee, además, un fuerte significado histórico, pues está vinculado con el asesinato de Angela Diniz hace casi cinco décadas.
Conocida como Pantera de Minas, Diniz fue asesinada a tiros el 30 de diciembre de 1976 por su compañero, Raul Fernando do Amaral Street, en la casa de veraneo de la víctima.
Ese crimen ocurrió después de una discusión relacionada con el fin de la relación, y el asesino disparó cuatro veces contra la fémina, quien tenía entonces 32 años de edad.
La tragedia conmocionó a Brasil y se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la discusión pública sobre la violencia de género y los asesinatos de mujeres.
Durante el primer juicio, celebrado en 1979, la defensa de Street, encabezada por el entonces abogado y posteriormente ministro del Supremo Tribunal Federal Evandro Lins e Silva, recurrió al argumento de la llamada legítima defensa del honor El acusado fue condenado inicialmente a dos años de prisión y obtuvo el beneficio de cumplir la pena en libertad.
Dicha decisión provocó una fuerte reacción social y movilizó a organizaciones y movimientos feministas en distintas partes del gigante sudamericano.
Entonces, surgió el conocido lema “quien ama no mata”, que pasó a representar la lucha contra la violencia hacia las mujeres y contribuyó a transformar el debate social brasileño sobre el tema.
Ante la presión pública, el primer juicio fue anulado y el proceso llegó a una nueva instancia, que determinó una condena para Street de 15 años de prisión por homicidio calificado.
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