Los mayores números de casos corresponden a esta capital, Chiquimula, Escuintla y Quetzaltenango, detalló la entidad, responsable de representar y defender los intereses del Estado dentro y fuera de los tribunales.

Entre las vulneraciones más reportadas mencionó el derecho a la protección por el maltrato, a la integridad y a la familia.

Cada caso requiere una intervención especializada que incluye entrevistas, investigaciones, evaluaciones y un análisis integral de las condiciones familiares, subrayó.

Identificamos las acciones necesarias para la protección y restitución plena de sus derechos, describió.

Entre los objetivos está fortalecer los vínculos familiares y procurar que las niñas, niños y adolescentes sean protegidos en entornos familiares adecuados, acotó.

El abrigo provisional constituye una medida excepcional y temporal, que únicamente puede ser ordenada por un juez competente cuando este la considera clave para garantizar la protección integral de la niña, niño o adolescente, sumó.

Enfatizó que trabaja constantemente en la búsqueda de recursos familiares para que el menor pueda ser reintegrado a un núcleo familiar.

Durante 2025, la PGN archivó un total de 31 mil 887 denuncias en todo el país, de las cuales 19 mil 132 se concentraron en Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, Petén y Jalapa.

Tales acusaciones, según insistió, son fundamentales para coadyuvar en la restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia.

La situación crece cada vez más y, a juicio de analistas, no solo refleja una crisis de protección, sino también un cambio en la cultura de acusación en el país.

Los informes y análisis de la PGN indican que el fenómeno responde a múltiples factores estructurales y sociales: el hogar como principal escenario de riesgo, pobreza y desnutrición, violencia sexual y embarazos tempranos, explotación económica, entre otros.

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