Mediante un comunicado, la institución subrayó que tal situación se ha convertido en recurrente, derivada de la presión operativa ejercida en asentamientos y zonas vulnerables (rojas).

Para el camuflaje, los criminales utilizan a terceros (testaferros) con perfiles sin antecedentes penales o policiales para alquilar o adquirir inmuebles, remarcó.

Una vez instalados, añadió, convierten las residencias en centros de operaciones ilícitas y casas de seguridad, con lo que alteran la tranquilidad y la seguridad del entorno.

Solicitó la máxima colaboración de los ciudadanos al momento de circular por los puestos de registro e inspección vehicular. Llamó a acatar de inmediato las señales de alto emitidas por los agentes policiales.

Intentar evadir o huir de un puesto de control desencadena procedimientos de persecución y neutralización táctica, lo que genera situaciones de alto riesgo e incrementa el peligro de ser herido durante el uso legítimo de la fuerza, acotó.

La seguridad es un trabajo conjunto entre la institución policial y la comunidad, aseveró.

Instó a los vecinos de sectores residenciales a reportar inmediatamente cualquier movimiento inusual, arrendamientos sospechosos, flujo constante de personas ajenas al sector o indicios de actividades anómalas.

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales e institucionales y no por medio de plataformas o páginas que solo buscan posicionarse del lado oscuro de la historia y fortalecer al crimen organizado.

Los residenciales y condominios en Guatemala se expandieron a partir de 1990 debido a un proceso de suburbanización impulsado por la privatización de la seguridad.

La proliferación de pandillas y crimen organizado llevaron a las familias de clase media y alta a buscar refugio con un modelo de garitas de control, muros altos, alambre espinado y agentes armados.

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