Mediante un comunicado, el Ejecutivo agradeció su gestión al frente de la cartera, desde donde ejerció un liderazgo comprometido con la protección de la naturaleza y el fortalecimiento de la institucionalidad en el sector.
Además, acotó en el texto, en la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible.
El presidente del país, Bernardo Arévalo, también abordó la salida de la funcionaria al agradecerle en sus redes sociales el liderazgo.
Calificó de clave el trabajo de Orantes para hacer de la protección del ambiente una prioridad de Estado.
Le deseó muchos éxitos en la nueva etapa y trasmitió seguridad de que su experiencia, convicción y compromiso seguirán siendo valiosos para la nación desde el espacio que retomará en el Congreso.
La ministra de Ambiente y Recursos Naturales asumió el 11 de abril de 2024, a tres meses del nuevo Gobierno y a partir de la destitución de la anterior, María José Uturbide.
Sobre esta trascendió que utilizó vehículos estatales y esquemas de seguridad del ministerio para protección personal de su hija.
Ante la vacante, el Ejecutivo designó a Orantes por su perfil profesional —bióloga de carrera y experta en gestión ambiental y desarrollo— para reestructurar la cartera y restablecer la confianza institucional.
La actual administración solicitó entonces una licencia temporal a su curul en el Legislativo, donde ejercía como diputada por el oficial partido Movimiento Semilla.
En las redes sociales sobresalieron diferentes mensajes tras anunciarse el cambio, como que “empiezan los movimientos de cara a las elecciones de 2027”.
¿Cómo afectará esto la iniciativa de la Ley de Aguas? ¿Fue renuncia o remoción?, preguntó la usuaria Mafer López. Qué triste, contados los ministerios dirigidos por personas capaces y éticas al frente, subrayó, por otra parte, Marina R.
Desde el 2025 la gestión de ese organismo pasó de un rol más administrativo a uno de fiscalización directa y disciplinaria.
Incrementó, según analistas, las inspecciones de campo y las sanciones trascendieron de las multas económicas, en lo que consideraron una postura más agresiva por revertir décadas de impunidad ambiental en el país.
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