La iniciativa, promovida por la presidenta del Parlamento, Mishel Mancheno, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), pretende reformar normas penales y de extinción de dominio para golpear tanto a las estructuras criminales como a sus fuentes de financiamiento.
El proyecto plantea penas de hasta 30 años para quienes organicen, financien, dirijan o integren organizaciones dedicadas a delitos como narcotráfico, terrorismo, sicariato, secuestro, trata de personas y lavado de activos.
Mancheno defendió la posibilidad de utilizar bienes incautados a presuntos narcotraficantes mientras la justicia determina su destino y propuso sancionar a abogados condenados por delitos vinculados con organizaciones criminales.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, sostuvo que la reforma no pretende criminalizar la defensa técnica.
El proyecto recibió el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC) y de legisladores independientes.
Sin embargo, la bancada opositora de la Revolución Ciudadana (RC) cuestionó la propuesta y advirtió sobre un posible “populismo penal” derivado del aumento de las condenas y de medidas que podrían afectar garantías judiciales.
La legisladora Viviana Veloz, de la RC, sostuvo que combatir al crimen organizado exige atacar sus estructuras financieras y no limitarse a elevar las penas.
También pidió investigar el uso de empresas, sociedades, entidades financieras y notarías para ocultar recursos de origen ilícito.
El también parlamentario de la RC Gerardo Machado señaló que “una ley de esta importancia debe ser técnicamente sólida, eficaz y respetuosa del marco constitucional y legal”.
“La seguridad no puede ser espectáculo ni improvisación. El Ecuador exige acciones serias, resultados y una lucha firme contra el crimen organizado, sin renunciar al Estado de derecho”, aseveró Machado.
Durante el debate, Alarcón atribuyó parte de la expansión del narcotráfico en Ecuador a gobiernos anteriores, incluido el de Rafael Correa, lo que provocó reclamos de legisladores de la RC.
El proyecto, presentado como una herramienta para enfrentar el crimen organizado en medio del alza de inseguridad, regresará ahora a la Comisión de Seguridad, que deberá preparar el informe para el segundo y definitivo debate.
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