En una manifestación remitida al Supremo Tribunal Federal (STF), Gonet cuestionó la actuación del magistrado André Mendonça, relator del caso, por ordenar a la PF profundizar las pesquisas sobre las comunicaciones entre Vorcaro y Moraes, también juez de la corte, sin una solicitud previa del Ministerio Público o de la propia policía.

Según el procurador general, Mendonça carecía de competencia para dirigir investigaciones contra personas específicas durante la fase preprocesal y, por ello, tanto las órdenes impartidas como los elementos obtenidos por la PF estarían afectados por una “doble nulidad”.

Gonet sostuvo que corresponde al pleno del STF autorizar el inicio de una investigación que involucre a uno de sus ministros.

De acuerdo con Agencia Brasil, el procurador consideró que una eventual pesquisa contra Moraes debería ser presentada al presidente de la corte, Edson Fachin, quien tendría que someterla posteriormente a consideración del pleno, en lugar de ordenar directamente diligencias a la PF.

La controversia surgió después de que la PF analizara el teléfono celular de Vorcaro, investigado en la Operación Compliance Zero por presuntas irregularidades financieras relacionadas con el Banco Master.

El informe policial, cuyo contenido dejó de ser confidencial este martes por decisión de Mendonça, identificó mensajes supuestamente intercambiados entre Vorcaro y Moraes mediante imágenes de visualización única enviadas por WhatsApp.

Según el documento, el banquero consultó al ministro en noviembre de 2025 sobre la posibilidad de abandonar Brasil y realizó otras preguntas relacionadas con su situación antes de ser detenido por primera vez, el 17 de noviembre de ese año.

El informe también señala que Moraes habría realizado modificaciones en una minuta de contrato por 131 millones de reales (unos 25 millones de dólares) entre el Banco Master y el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes.

La PF llegó a esa conclusión a partir de los metadatos del archivo encontrado en el teléfono de Vorcaro. El documento registra una edición atribuida al usuario “Ministro Alexandre de Moraes” el 15 de enero de 2024.

Gonet, sin embargo, consideró que esos elementos no pueden sustentar una investigación contra Moraes debido a la forma en que fueron obtenidos.

La Constitución brasileña establece que corresponde al STF procesar y juzgar por delitos comunes, entre otros, a sus propios ministros. En el caso de delitos de responsabilidad, la competencia para juzgar a magistrados de la Corte corresponde al Senado.

El pronunciamiento de la PGR deberá ahora ser considerado en el marco de las decisiones que adopte el Supremo sobre la validez de las diligencias realizadas y sobre un eventual avance de las pesquisas.

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