Ese organismo público brasileño, responsable de administrar jubilaciones, pensiones, subsidios por incapacidad laboral y otras prestaciones de la seguridad social, actualmente recibe alrededor de 1,3 millones de solicitudes mensuales, unos 43 mil pedidos diarios.

Las autoridades informaron que, en febrero, 3,1 millones de personas aguardaban una evaluación médica, pero esa cifra descendió progresivamente hasta llegar a 1,5 millones en julio. En tanto, en agosto, el número de nuevas solicitudes superó al de personas que permanecían pendientes de atención.

De acuerdo con el ministro de Previsión Social, Wolney Queiroz, bajo este criterio, el sistema dejó de acumular solicitudes y pasó a funcionar como un flujo regular de atención.

La reducción fue atribuida a la incorporación de nuevos servidores mediante concursos públicos, el uso de telemedicina en 865 agencias y la ampliación de las evaluaciones documentales.

Esta modalidad permite analizar determinados casos a partir de documentos, sin que el solicitante tenga que acudir presencialmente a una agencia.

También contribuyeron los operativos de atención durante fines de semana y el pago de bonificaciones a servidores por tareas realizadas por encima de sus metas.

El tiempo promedio para obtener una decisión sobre una evaluación se redujo a 34 días, por debajo del plazo legal de 45 jornadas establecido para que el INSS responda a las solicitudes.

Sin embargo, el anuncio de que la fila fue “zerada” o puesta en cero, expresión utilizada por el Gobierno, no significa que todos los pedidos hayan sido resueltos, pues el Ministerio de Previsión Social informó que unas 224 mil personas todavía aguardaban durante más de 45 días el resultado de sus evaluaciones.

Lula explicó durante la ceremonia en el Palacio de Planalto que considerar terminada la fila no significa que hayan desaparecido las solicitudes pendientes, sino que el volumen acumulado dejó de superar la capacidad de atención del organismo.

El presidente afirmó que el objetivo es garantizar que los asegurados reciban una respuesta dentro del plazo establecido, tanto cuando la decisión sea favorable como cuando sea negativa, para que puedan presentar documentos adicionales o recurrir cuando corresponda.

Durante el acto, también se refirió a las investigaciones sobre fraudes contra jubilados y pensionistas del INSS, cuando la Policía Federal investiga irregularidades relacionadas con descuentos no autorizados y otras operaciones que afectaron a beneficiarios de la seguridad social.

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