La norma indica que la emergencia regirá por 60 días renovables, como parte de la estrategia gubernamental de seguridad ciudadana y los uniformados mantendrán el orden en los penales y en un perímetro de 200 metros en torno a estos.

Se aplicará en los presidios de Miguel Castro Castro y Ancón I, de Lima; Challapalca, de la sureña región de Tacna; Cochamarca, de la centro-andina de Pasco; y Trujillo, de la norteña región de La Libertad, que albergan a cerca de la mitad de los condenados por integrar grupos del crimen organizado.

Agentes del Instituto Nacional Penitenciario han estado a cargo del orden dentro de las cárceles declaradas en emergencia, en cuyo perímetro estarán suspendidos los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, precisa el decreto.

La Policía, con apoyo militar, garantizará además la seguridad del entorno, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de las cárceles, esto para evitar el uso de teléfonos móviles que se utilizan ilegalmente desde el encierro para las extorsiones.

Uno de los grandes problemas de las 69 cárceles que hay en Perú es el hacinamiento, pues su capacidad es para 41 mil 700 internos pero guardan a 103 mil reclusos, más del doble del aforo.

El Gobierno tiene en proyecto la construcción, ampliación y modernización de presidios en Lima y en las regiones norteñas de La Libertad y Piura, la sureña de Ica, la centro-andina de Huánuco y la selvática de Amazonas.

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