A pesar de que organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos y hasta desapariciones forzadas en ese tipo de acciones, Rubio explicó a la prensa estadounidense que lo acompañó en su visita a Quito que las acciones dependen de la embarcación, la amenaza que represente y su ubicación.

“Seguimos destruyendo barcos si es necesario”, respondió al ser consultado sobre la estrategia estadounidense, que en operaciones recientes incluyó la interceptación de embarcaciones y la detención de sus tripulantes, sin bombardear directamente.

El funcionario marcó diferencias entre esas acciones y las operaciones unilaterales realizadas anteriormente por Estados Unidos en aguas internacionales.

“Se trata de operaciones conjuntas en aguas territoriales, en las que colaboramos con naciones soberanas dentro de sus propias aguas”, afirmó.

Rubio confirmó que Estados Unidos interviene con la anuencia del gobierno ecuatoriano.

“Al realizar una operación conjunta en aguas territoriales, es necesario llegar a un acuerdo sobre cómo se llevarán a cabo dichas operaciones; cada país tiene sus propias leyes y sistemas que debe cumplir”, apuntó.

El secretario de Estado señaló que algunos países pueden aplicar procedimientos “más agresivos que otros” y sostuvo que las decisiones se toman “caso por caso, o mejor dicho, operación por operación”.

Rubio consideró un avance que gobiernos de la región participen en acciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico dentro de sus propias aguas territoriales.

Consultado sobre reportes periodísticos que atribuyen algunos incidentes anteriores a un programa encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el funcionario evitó confirmar o negar esa información.

Esas declaraciones tuvieron lugar este miércoles luego de un encuentro con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien condecoró al jefe de la diplomacia estadounidense con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Cruz, una de las más altas distinciones de la nación andina.

Esta semana, tras casi 10 ataques a embarcaciones pesqueras, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron afectaciones a al menos 143 tripulantes.

En un pronunciamiento, varios colectivos expresaron su “profunda preocupación” por una escalada de “abordaje violento, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada temporal, tortura y destrucción de embarcaciones pesqueras ecuatorianas”.

“El Estado ha reconocido que estas operaciones se sostienen en investigaciones conjuntas e información de inteligencia, sin embargo no existe ningún proceso judicial o investigativo formal que sostengan dichas acusaciones”, afirmaron los colectivos.

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