La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales aprobó el 31 de agosto, con siete votos, un informe que plantea al pleno no avanzar con la iniciativa tras identificar observaciones técnicas y jurídicas.

Entre ellas, el documento señala la falta de mecanismos de gobernanza adaptativos, normas técnicas, reglamentos sectoriales, estándares de transparencia y evaluaciones de impacto para sistemas considerados de alto riesgo.

La comisión también advirtió que la propuesta podría aumentar el gasto público por las nuevas obligaciones institucionales que implicaría, en contradicción con el artículo 135 de la Constitución, según el informe.

El documento cuestiona además una posible sobrerregulación de una tecnología en constante evolución, al considerar que una normativa rígida podría generar obsolescencia, frenar la innovación y desincentivar inversiones y emprendimientos tecnológicos.

La legisladora opositora Patricia Núñez, de la Revolución Ciudadana, que propuso el proyecto, cuestionó el archivo y sostuvo que responde a una estrategia política del oficialismo y del Gobierno, que bloquean sistemáticamente las iniciativas de su bancada.

Núñez defendió el texto normativo como una respuesta a un vacío legal que requiere atención para proteger los derechos humanos frente al avance de la inteligencia artificial, y criticó la falta de un debate técnico y de construcción conjunta entre las distintas fuerzas políticas.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó recientemente que la inteligencia artificial puede convertirse en un riesgo si no aplicamos normas y límites claros.

Türk consideró necesario tener un mayor control, estatutos vinculantes y supervisión independiente para evitar llegar a un escenario en el que esa tecnología se vuelva tan poderosa que no pueda ser manejada por sus propios desarrolladores.

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