En conferencia de prensa en esta capital, lideresas de esos grupos señalaron el despojo de bienes naturales, desplazamiento forzado, privatización y carencia de servicios públicos de salud y educación intercultural e integral.

Además, acotaron, la falta de acceso a justicia, mientras advirtieron sobre sistemas y medidas económicas que violentan la vida cotidiana de las mujeres, niñas y adolescentes.

Afirmamos que no quieren ser únicamente reconocidas, sino escuchadas, respetadas y participar en las decisiones que pueden afectar sus vidas, comunidades y nuestros territorios.

Detallaron sobre el Congreso efectuado durante dos días, no solo un espacio de encuentro y celebración, sino de palabra, reflexión, unidad y de posicionamiento político.

En esa cita, compartieron, asumimos el compromiso de continuar fortaleciendo las organizaciones, alianzas y participación en los espacios de decisión para avanzar hacia una sociedad donde podamos vivir con dignidad, libres de violencia, discriminación y racismo.

Divulgaron una agenda articulada de propuestas estratégicas, construida a partir de diálogos territoriales y la intervención de mujeres y lideresas de esos pueblos.

Exigieron participación efectiva, sustantiva e informada en decisiones, políticas, estrategias y presupuestos que les afectan desde el ámbito comunitario, municipal hasta el nacional.

Demandaron autonomía económica y trabajo digno, con acceso a financiamiento, capacitación, asistencia técnica, mercados y oportunidades para fortalecer las iniciativas productivas.

Instaron a la promoción de políticas de educación pública, intercultural y libre, contextualizada y actualizada, que reconozcan sus verdades y aportes.

Llamaron al Gobierno, Congreso y a las instituciones del Estado a pasar del discurso a los hechos, a convertir esos reclamos en leyes, políticas públicas, presupuestos, entre otras.

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