De acuerdo con un comunicado oficial, esas acciones se desarrollan dentro del marco legal para contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad nacional.
En el pronunciamiento divulgado en respuesta a denuncias de organizaciones populares, la PN aseguró que esas actuaciones responden a objetivos específicos y se ejecutan respetando los derechos humanos y el derecho ciudadano a manifestarse, siempre que no se afecte a terceros.
La nota afloró luego de que el 8 de septiembre dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, junto a organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos docentes, presentaran una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el director de la PN, Jaime Fernández, y otros miembros de la fuerza pública por supuesto “espionaje ilegal”.
Según los denunciantes, el seguimiento a organizaciones sociales no constituiría hechos aislados, sino una estructura en la que participarían al menos una veintena de agentes de la fuerza pública, presuntamente vinculados con labores de monitoreo a colectivos que se han manifestado contra la mina de Donoso, el proyecto de río Indio y el Memorándum de Entendimiento suscrito con Estados Unidos en 2025.
Las organizaciones sostienen que parte de esas acciones habría sido coordinada desde la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), mediante uniformados desplegados en diferentes espacios sociales con el propósito de obtener información sobre dirigentes, integrantes y actividades de los colectivos.
La denuncia, aún pendiente de admisión por parte del MP, también señala la supuesta presencia de agentes policiales en organizaciones indígenas de Panamá Este, así como en sindicatos y agrupaciones defensoras de los derechos humanos y ambientales en distintos puntos del país.
Abogados de la Alianza Pueblo Unido por la Vida alegan que algunos funcionarios habrían asumido identidades de activistas para recopilar información sobre las organizaciones y sus miembros, labores que, según sostienen, se habrían efectuado sin orden judicial.
Como parte de las pruebas entregadas al MP figuran fotografías de personas que las organizaciones identifican como unidades policiales durante actividades de colectivos sociales.
La controversia ocurre en un escenario de creciente debate sobre dos proyectos de gran impacto para el país: la eventual reapertura de la mina de Donoso y la posible construcción de un embalse en la región de río Indio para incrementar la disponibilidad de agua de la cuenca del Canal de Panamá.
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