La organización, que impulsó la consulta popular de 2023 para detener la explotación petrolera en el amazónico Parque Nacional Yasuní, consideró que el fallo representa una oportunidad perdida para proteger los derechos de participación ciudadana y cuestionó el papel de las instituciones.
“Llevaremos este caso a instancias internacionales que ya siguen de cerca lo que ocurre con quienes defendemos el Yasuní”, afirmó el colectivo, que calificó la resolución como una muestra de las “arbitrariedades” que debilitan la democracia en Ecuador.
La Corte Constitucional rechazó una acción extraordinaria de protección presentada por Yasunidos contra una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que sancionó con nueve mil dólares a dos activistas por observaciones relacionadas con las cuentas de la campaña del referendo.
La controversia se originó en una diferencia contable de 0,39 dólares detectada durante la revisión de los gastos de la campaña.
Los magistrados señalaron que la valoración de las pruebas contables corresponde a la justicia electoral y que la Corte Constitucional no puede reevaluar los elementos examinados en el proceso original.
Para Yasunidos, sin embargo, la decisión deja firme una sanción que considera desproporcionada y que afecta a ciudadanos que participaron en un proceso de democracia directa.
El colectivo apuntó que siete de las nueve organizaciones que hicieron campaña a favor de la consulta sobre el Yasuní recibieron sanciones similares del Tribunal Contencioso Electoral, situación que consideran un patrón destinado a desalentar la participación ciudadana.
La consulta popular, realizada en agosto de 2023, preguntó a los ecuatorianos si debía mantenerse bajo tierra el petróleo del Bloque 43-ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana.
Cerca del 59 por ciento de los votantes respaldó detener la explotación petrolera en ese territorio. oda/avr













