La movilización, convocada por los sindicatos Fim, Fiom, Uilm y Usb, comenzó esta mañana, tras una asamblea realizada frente a uno de los accesos al complejo siderúrgico, y se extenderá hasta el martes a las 07:00, hora local, según la agencia de información Nova.
Durante la protesta, decenas de trabajadores marcharon por la carretera provincial que une Taranto con Statte y ocuparon temporalmente esa vía, mientras estaba previsto también un bloqueo de la carretera estatal en dirección a Bari.
Los manifestantes se trasladaron posteriormente hacia el centro de Taranto y realizaron un plantón frente a la sede del ayuntamiento, en demanda de medidas urgentes para proteger el empleo y garantizar el futuro industrial del complejo.
La manifestación tuvo lugar después que la Corte de Apelación de Milán confirmara la orden de paralizar el área caliente (hornos y otros espacios) de la ex Ilva por razones relacionadas con la seguridad ambiental, medida que deberá ejecutarse antes del 28 de octubre.
Los sindicatos advierten que la paralización de los altos hornos pone en peligro miles de puestos de trabajo, tanto en la siderúrgica como en las empresas que prestan servicios y suministros al establecimiento.
En particular, unas dos mil 500 plazas en la red de proveedores, subcontratistas y servicios (transporte, mantenimiento, alimentación, componentes) están amenazadas por procedimientos de despido colectivo iniciados en las últimas semanas por empresas vinculadas al complejo industrial.
Los gremios reclaman al Gobierno italiano medidas extraordinarias para garantizar la continuidad laboral y sostienen que no aceptarán soluciones que dejen fuera a los trabajadores de las empresas contratistas.
La Fiom-Cgil calificó la situación de posible «desastre social» y reclamó al Ejecutivo respuestas para preservar el futuro de miles de trabajadores y sus familias.
El tribunal de la Corte de Apelación de Milán señaló que la eventual paralización de la producción no constituía un hecho imprevisible, debido al tiempo que lleva abierto el litigio promovido por residentes de Taranto en defensa del derecho a la salud.
Entre los elementos considerados por los jueces figuran la presencia de amianto en las instalaciones y la persistencia del riesgo asociado a las emisiones de partículas finas.
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