El pronunciamiento de la bancada de la RC, de oposición, ocurrió antes de que el pleno del Parlamento aprobara, con 85 votos, el informe elaborado por una comisión sobre la Empresa Pública Municipal Segura EP, responsable del sistema de cámaras de la ciudad.

El asambleísta Juan Andrés González, de la RC, rechazó que se cuestione el funcionamiento de las cámaras a partir de presuntas irregularidades en los mecanismos de autorización, acceso y control, entre ellas la existencia de una denominada “sala espejo”.

“Cámaras logran identificar al corrupto, al narcotraficante, al lavador de dinero, pero no son culpables, son culpables los que pusieron las cámaras, estamos en un Gobierno patas arriba”, expresó González en representación de su bloque.

El legislador sostuvo que el sistema de videovigilancia permitió obtener información en casos como la desaparición y asesinato de cuatro niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil, un caso que involucró a militares y estremeció al país.

Asimismo, se refirió al denominado caso Porsche, relacionado con un vehículo de alta gama perteneciente a Industrial Molinera, empresa de la familia del presidente Daniel Noboa, que estuvo ligado a una explosión en Guayaquil en julio de 2025.

González exigió al oficialismo que investigue este último caso, luego de que el vehículo fuera captado en la vivienda del principal sospechoso del atentado.

El asambleísta calificó ese hecho como un supuesto “terrorismo de Estado y un autoatentado”, y reclamó una investigación sobre esas circunstancias.

A pesar de los cuestionamientos de la oposición, la Comisión de Soberanía, controlada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), concluyó que existieron irregularidades en mecanismos de autorización, acceso y control de los sistemas de Segura EP.

El informe aprobado este martes también señala que existirían indicios de tráfico de influencias a partir de un audio atribuido a una conversación entre el entonces presidente de Segura EP, Fernando Cornejo; el teniente Rodney Rengel y el expresidente Rafael Correa.

A pesar de la aprobación del informe, que no tiene carácter vinculante, el asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, sostuvo que la Asamblea carece de facultades para fiscalizar a los gobiernos locales y sus empresas.

En su opinión, los posibles problemas administrativos de Segura EP corresponderían a la Contraloría y eventuales delitos a la Fiscalía, por lo que calificó el proceso legislativo como una intromisión y un “distractor” de las funciones de control del Parlamento.

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