Al abrir este martes la sesión plenaria extraordinaria convocada para examinar el caso, Fachin afirmó que las diferencias entre magistrados son legítimas, pero advirtió que no deben transformarse en enfrentamientos personales.
“No se juzgan personas, se juzgan hechos y cuestiones jurídicas. No se anticipa el mérito antes de resolver la validez procesal. La divergencia es legítima, la confrontación personal no”, expresó.
El presidente del STF subrayó además que la decisión corresponde al pleno de la Corte y no a un ministro de manera individual, en momentos en que el tribunal atraviesa una crisis interna relacionada con las investigaciones sobre el exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master.
Fachin sostuvo que el Supremo enfrenta un período difícil y destacó la necesidad de actuar con “sensatez, decoro y serenidad”, al tiempo que defendió la independencia, la colegialidad y el respeto entre los integrantes de la institución.
“No podemos entregar a las generaciones futuras un Supremo Tribunal Federal menor que el que recibimos”, afirmó, al recordar decisiones adoptadas por la Corte en momentos de fuerte tensión, entre ellas los procesos relacionados con los actos del 8 de enero de 2023.
Tras su intervención inicial, Fachin comenzó la lectura del informe de la Petición 16.662, de la cual asumió la relatoría, y presentó un resumen de las investigaciones relacionadas con Vorcaro y del procedimiento seguido por la Policía Federal (PF) y el STF.
Aclaró que el proceso actual no supone, en esta etapa, una valoración sobre las pruebas reunidas por la PF, pues el objetivo del análisis es determinar si existen condiciones para autorizar formalmente la apertura de una investigación contra un ministro del Supremo.
El caso se originó a partir de un informe de la PF elaborado en el marco de la Operación Compliance Zero, que investiga presuntas irregularidades financieras y corrupción de agentes públicos vinculadas al antiguo Banco Master.
Tal reporte contiene 52 mensajes que los investigadores atribuyen a Vorcaro y que habrían sido enviados a un contacto identificado con el nombre de Moraes.
Según la Procuraduría General de la República, el procedimiento adoptado por el ministro André Mendonça sobre esa información permitió que las investigaciones avanzaran sobre Moraes sin comunicación previa al presidente del STF o al pleno de la Corte.
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