El periodista Carlos Viguria sostuvo que los integrantes son en su mayoría “viejas glorias del fujimorismo”, es decir, excolaboradores del extinto padre de la mandataria, Alberto Fujimori, con quien trabajaron durante su década de gobierno.
Entre los designados destaca José Chlimper, ex secretario general del partido gobernante, Fuerza Popular, y ministro de Agricultura del primer gobierno fujimorista.
Chlimper impulsó la rebaja de impuestos a la agroexportación, a la que está vinculado, un beneficio que fue renovado en 2025 por otra década pese a las objeciones del Ministerio de Economía.
Junto a más de cuarenta imputados, el exministro secundó a la actual mandataria como coinculpado del delito de lavado de activos con fondos recibidos ocultamente de empresas locales y extranjeras, proceso a la postre anulado por el Tribunal Constitucional.
También integran la comisión, entre otros, Jaime Yoshiyama, igualmente exministro de Fujimori padre e involucrado en el mismo caso; así como Arsenio Oré, quien fue incluido porque, como abogado, instruyó a los inculpados para que simularan haber hecho aportes electorales para justificar los fondos recibidos con fines electorales, años atrás.
El analista político opositor Luis Atusparia sostuvo sobre la comisión que la mandataria Fujimori “está delegando la presidencia de la república a un ‘buró político’” y tendrá un papel figurativo.
La edición de Internet del diario La República comentó que la presidenta “alista un ‘ala alterna’ a su gabinete ministerial”, pero la fiscalización sobre los designados no estaría clara.
El grupo propondrá la política general del gobierno y articulará las políticas públicas junto a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dará seguimiento a las prioridades del Ejecutivo y podrá exigir información y acceso a datos a cualquier ministerio, organismo y gobiernos municipales, entre otras atribuciones.
“En esencia – según el diario- duplica desde la Presidencia buena parte del rol articulador que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo asigna tradicionalmente a la PCM, cuyo titular es el primer ministro Luis Galarreta.
Fue creada también una Secretaría Estratégica Presidencial cuyo titular, aún por nombrarse, podría estar exento de fiscalización, lo que, según el abogado y analista político Gerardo Távara, podría concentrar un equipo exento de controles.
Távara consideró peligroso darle a la presidenta “una especie de poder que excede la Constitución para eludir las responsabilidades que tienen los ministros”.
“La Secretaría Estratégica Presidencial, más que un gabinete en la sombra, constituye una alternativa que resta capacidad de decisión a otras entidades que funcionan de manera independiente del Gobierno de turno”, declaró a La República el politólogo Martín Ueda.
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