La movilización del llamado “Quinto Río” recorrió cerca de 20 cuadras y concluyó en la Plaza de San Francisco de esta ciudad azuaya con la lectura de un manifiesto y la entrega de una carta dirigida al Ejecutivo.

El principal reclamo estuvo dirigido a las concesiones mineras de Quimsacocha, donde se desarrolla el proyecto Loma Larga, cuya licencia ambiental para la etapa de explotación fue revocada, pero cuyas concesiones permanecen vigentes, según los organizadores de la marcha.

El presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, Lauro Sigchas, sostuvo al cierre de la marcha que la defensa de los páramos continuará hasta conseguir una solución definitiva.

“Ya no más minería, ya déjenos trabajar, déjenos cuidar los páramos. Nosotros queremos producir mejores alimentos para Cuenca”, manifestó el dirigente.

Entre sus pedidos, las organizaciones solicitaron un estudio técnico inmediato y la remediación integral de los daños atribuidos al proyecto minero Río Blanco, así como el cumplimiento de los mandatos derivados de las consultas populares que rechazaron el extractivismo en la zona.

Otra de las demandas fue reforzar el control permanente de la minería ilegal y aplicar medidas de remediación socioambiental en los territorios afectados.

La carta dirigida al Gobierno fue recibida en la Gobernación del Azuay por Secretaría, mientras el gobernador no estuvo presente durante la entrega, según informó Sigchas.

La defensa del agua congregó este miércoles a mujeres, artistas, jóvenes, integrantes de organizaciones comunitarias y colectivos afrodescendientes, que vincularon la protección de los recursos hídricos con la defensa de sus territorios.

La manifestación popular que llenó las calles de esta ciudad tuvo lugar un año después de otra movilización en septiembre de 2025 también con el objetivo de proteger los páramos y las fuentes de agua.

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