La medida, vigente desde el 17 de septiembre hasta el día 30 de este mes, restringe la circulación entre las 00:00 y las 05:00 (hora local) en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, como parte del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado.
Durante una entrevista este viernes con el canal Teleamazonas, Reimberg señaló que, además de las detenciones, el denominado Bloque de Seguridad —integrado por policías y militares— incautó armas de fuego y 39 kilogramos de droga, y además, atendió 796 reportes durante los operativos.
El ministro no precisó cuántos de los más de 150 detenidos corresponden a incumplimientos de la restricción de movilidad y cuántos estarían vinculados con delitos o estructuras criminales.
En la sureña provincia de El Oro, una operación permitió detener a 14 personas que, según el titular, estarían relacionadas con una organización dedicada al asesinato, sicariato, extorsión, secuestro y tráfico de drogas.
El actual toque de queda es el tercero aplicado durante 2026 y el Gobierno defiende la limitación de movilidad nocturna como una herramienta para facilitar los operativos contra organizaciones criminales.
A pesar de esa y otras medidas que incluyen más de 30 estados de excepción y despliegue de uniformados, persiste la expansión del crimen organizado y entre enero y julio de este año el número de homicidios llegó casi a cinco mil, según datos oficiales.
Por otro lado, Reimberg anunció que están previstas nuevas entregas de armamento, chalecos, tecnología y herramientas de inteligencia para reforzar las operaciones contra las estructuras criminales.
También destacó la cooperación con Estados Unidos y Colombia en acciones contra grupos irregulares, el narcotráfico y la minería ilegal.
En ese contexto, persisten denuncias por parte de organizaciones civiles y familiares de pescadores por las irregularidades en los bombardeos contra embarcaciones ecuatorianas atacadas en altamar por fuerzas estadounidenses.
Recientemente, organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron un informe que alerta sobre el deterioro de las garantías democráticas y la criminalización de la sociedad civil en Ecuador en el contexto de la militarización de la seguridad.
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