La iniciativa se lanzó durante una actividad en la sede de la Policía Rodoviaria Federal, en Irajá, zona norte de la urbe carioca, y contempla acciones coordinadas para la recuperación de territorios bajo influencia de organizaciones criminales y la protección de corredores logísticos.

Tal esquema se apoya en acuerdos de cooperación firmados a principios de este mes entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Gobierno de Río de Janeiro.

Uno de ellos establece mecanismos para la reocupación territorial y otro organiza la actuación conjunta en rutas estratégicas.

Lula explicó que la estrategia contra el crimen organizado se estructura en tres ejes: dificultar la logística de las organizaciones criminales, recuperar el control de territorios y comunidades, y fortalecer la capacidad de los municipios para enfrentar la delincuencia.

Necesitamos ganarles a las organizaciones criminales, afirmó el jefe de Estado durante el acto.

Según el mandatario, la experiencia en Río de Janeiro funcionará como un proyecto piloto de integración entre las distintas fuerzas de seguridad y podrá servir como referencia para otras partes del país.

Defendió, además, una presencia permanente de las fuerzas de seguridad en los territorios recuperados y recordó que se opone a intervenciones puntuales mediante operaciones de Garantía de la Ley y el Orden, pues, explicó, los grupos criminales pueden regresar después de la retirada de las tropas.

Entre las áreas priorizadas figuran la Avenida Brasil, las líneas Vermelha y Amarela, así como los accesos al Puerto de Río de Janeiro y al Aeropuerto Internacional Tom Jobim.

Con las acciones previstas se pretenden reducir robos de cargas y vehículos, receptación y otros delitos patrimoniales.

La estrategia contempla compartir información entre organismos federales y estatales, producir diagnósticos territoriales, reforzar las investigaciones y utilizar tecnologías de vigilancia.

El acuerdo territorial también prevé acciones de inteligencia financiera y patrimonial destinadas a identificar actividades económicas utilizadas para financiar organizaciones criminales.

De esa forma, en el trabajo podrán participar organismos como la Receita Federal, el Consejo de Control de Actividades Financieras y agencias reguladoras.

También, los planes a ejecutar incorporan acciones de infraestructura, desarrollo social y económico, acceso a la justicia, documentación civil, atención a víctimas y prestación de servicios públicos esenciales.

Ayer, representantes del Gobierno federal y de Río de Janeiro avanzaron en la elaboración de los primeros Planes Operacionales Integrados, que definirán áreas de actuación, responsabilidades institucionales, intercambio de información, empleo de tecnologías e indicadores de seguimiento.

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