Alertó la entidad que la propuesta de modificar el presupuesto de la nación de 2027 presentada por el senador Enrique Gómez, y que pretende privar de cien mil millones de pesos (31 millones 600 mil dólares) a la JEP, pone en grave riesgo la operatividad del tribunal transicional creado tras el Acuerdo Final de Paz.

“La propuesta de reducción (…) apoyada en un mensaje del presidente Abelardo de la Espriella, afectaría de forma directa el rubro de adquisición de bienes y servicios, lo que representa un impacto del 62 por ciento de los recursos destinados a este concepto dentro del proyecto de ley, cuyo monto asciende hoy a 161 mil 271 millones de pesos (51 millones 300 mil dólares)”, advirtió la JEP.

Acotó que, de concretarse la proposición, se vulneraría directamente la garantía estatal de dotar a esa corte de la autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de infraestructura indispensables para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

El órgano hizo un llamado “urgente” a la comunidad internacional sobre los riesgos y afectaciones que conllevaría una parálisis operativa de este tribunal para la independencia de la Justicia Transicional colombiana, así como en materia de garantías para las víctimas y seguridad jurídica para los comparecientes.

Aseguró que, por las razones expuestas, pondrá en conocimiento de la situación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a los países garantes del Acuerdo de Paz, así como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

También planteó que, en la Comisión Primera del Senado, los partidos de gobierno impulsan una reforma constitucional que busca establecer una revisión judicial automática a cargo de la Justicia Penal Militar de las sentencias de la JEP contra miembros de la fuerza pública.

“Las proposiciones de desfinanciación de la JEP conducen a la impunidad en materia de crímenes internacionales, desconocen manifiestamente el Acuerdo Final de Paz, vulneran los pilares fundamentales de la Constitución de 1991 en materia de respeto por los derechos de las víctimas y, asimismo, violan los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, sentenció el organismo.

Por último, instó a la reflexión del Congreso sobre las consecuencias de la proposición, y solicitó el respaldo activo de la comunidad internacional, de la Misión de Verificación de la ONU y de los organismos multilaterales, para que exijan al Estado colombiano frenar lo que denominó como una iniciativa de “desmantelamiento financiero”.

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