Las maniobras ilícitas habrían causado pérdidas estimadas en unos 15 mil millones de pesos (alrededor de 250 millones de dólares).
Al menos 13 de los arrestados fueron trasladados este sábado a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), después de permanecer durante la noche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, mientras familiares y abogados acudieron al lugar para conocer detalles sobre su situación.
Las detenciones se produjeron el viernes durante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y las ciudades de Santiago, Cotuí y La Vega, como parte de la denominada Operación Cobra 2.0-A.
En los operativos participaron fiscales, agentes policiales y miembros de organismos de investigación, según informó el Ministerio Público.
De acuerdo con el órgano acusador, entre los mecanismos presuntamente utilizados figuran sobornos, doble facturación, cobros a la aseguradora por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados, utilización de cuños médicos falsos y adulteración de estados financieros.
La investigación también contempla, según la acusación, el empleo de programas especiales sin sustento jurídico, venta de medicamentos donados, asignación irregular de salarios y viáticos, reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles, así como supuesto sabotaje digital, sustracción de archivos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene además que algunos médicos habrían facturado consultas y procedimientos que los afiliados de Senasa nunca recibieron.
La Operación Cobra 2.0-A constituye una ampliación de la investigación iniciada anteriormente por el Ministerio Público sobre un presunto entramado de corrupción en Senasa.
La primera fase estuvo dirigida principalmente contra exfuncionarios y personas vinculadas a la administración de la aseguradora estatal, entre ellos su exdirector Santiago Hazim.
La nueva etapa incorpora al expediente a médicos, exempleados y otros prestadores de servicios de salud que, según la Fiscalía, habrían intervenido en la ejecución de las maniobras que permitieron sustraer recursos de la aseguradora.
En agosto pasado, el Ministerio Público solicitó una extensión de cuatro meses del plazo para concluir la indagación principal sobre el presunto fraude, cuyo monto había sido situado entonces en cerca de 16 mil millones de pesos (unos 270 millones de dólares).
Las autoridades aún no han solicitado medidas de coerción contra los 28 nuevos detenidos. Conforme al procedimiento penal dominicano, el Ministerio Público debe presentar su solicitud dentro del plazo establecido después de los arrestos.
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