La defenestración, el 18 de septiembre, del magistrado Richard Concepción Carhuancho fue dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y se suma a una serie de decisiones controvertidas.

La decisión argumenta que Carhuancho cometió una falta muy grave al pronunciarse 12 días después de vencer el plazo legal de respuesta a un recurso del abogado Mateo Castañeda, defensor de la expresidenta Dina Boluarte, por presuntos actos de corrupción, de los que este fue considerado por la Fiscalía como cómplice.

El sancionado argumentó que el reclamo procedimental contra el juez era nulo porque ya había sido ventilado en la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

El no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL) emitió un comunicado en el que, tras un minucioso análisis del caso, llegó a la conclusión de que la destitución de Carhuancho “se produce al margen de la ley”.

Agrega que la destitución de Carhuancho es “claramente, una venganza política contra el juez que tuvo un papel preponderante en la imposición de medidas restrictivas contra diversos políticos investigados en casos vinculados con la corrupción de la empesa brasileña Odebrecht, algunos de los cuales hoy se encuentran en el poder”.

Entre las prisiones preventivas postuladas por la Fiscalía y aprobadas por el juez Carhuancho, se cuentan las aplicadas a los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski y políticos como la actual presidenta, Keiko Fujimori.

Los casos de presunto lavado de activos fueron anulados por el Tribunal Constitucional (TC), con el argumento de que recibir fondos ocultamente no era aún delito cuando los habrían cometido.

Sobre el cese de Carhuancho, la senadora progresista Ruth Luque dijo que hace tiempo denunció ante el TC el peligro de que las facultades disciplinarias de la JNJ sean usadas para presionar o sancionar a jueces y fiscales por decisiones adoptadas en el ejercicio de su autonomía, pero recibió el silencio como respuesta.

Agregó que se debe impedir “que el poder disciplinario se convierta en un instrumento para condicionar a quienes toman decisiones incómodas para el poder”.

La diputada Indira Huilca, por su parte, dijo que “Carhuancho es la primera víctima del régimen de Keiko Fujimori”, ante lo cual los partidarios de la mandataria sostienen que la JNJ actúa en forma autónoma.

Para el excongresista Richard Arce, la continuidad de los miembros de la JNJ es insostenible porque sistemáticamente desarrollan una estrategia de liquidación de jueces y fiscales que emiten “resoluciones que afectaron a líderes del fujimorismo o que cuestionaron decisiones arbitrarias” del Congreso vigente hasta julio pasado.

Agrega a ello declaraciones reiteradas del senador fujimorista Fernando Rospigliosi, en las que ha amenazado con “barrer el sistema de justicia”.

Carhuancho, por su parte , declaró que el castigo recibido es ilegal y que demostrará su inocencia en todas las instancias.

El jurista Carlos Rivera, especializado en derechos humanos, comentó que la destitución de Carhuancho viola la independencia judicial y es un acto ilegal que deber ser anulado.

Desde el exterior, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó consternación por lo sucedido con Carhuancho y advirtió que su destitución podría afectar gravemente la independencia judicial en Perú.

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