La primera de las tareas encomendadas por el órgano de justicia transicional, que corresponde al caso 01, está relacionada con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Pitalito, Huila, en el suroeste del país.

En septiembre de 2025, la JEP les impuso a los exguerrilleros el cumplimiento de obras restaurativas por un lapso de ocho años, que incluirán, además, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario.

Por los delitos asociados con la privación de personas, cuya responsabilidad aceptaron los comparecientes, las labores recaen sobre Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda.

Según trascendió, durante el cumplimiento de las sanciones, los siete exguerrilleros deberán utilizar dispositivos de vigilancia electrónica y no podrán salir del país.

Londoño, también conocido como Timochenko, aseguró que hoy inicia una etapa de un compromiso asumido ante las víctimas, ante la sociedad colombiana y ante la Jurisdicción Especial para la Paz con la firma del Acuerdo Final de 2016.

En un video divulgado en redes sociales, quien fuera el último comandante en jefe de las desaparecidas FARC-EP, afirmó que está consciente de que ninguna palabra puede borrar el dolor causado a los afectados por el conflicto.

«A las víctimas les reafirmamos que cumplir esta sanción no es un trámite, sino un ejercicio de responsabilidad y compromiso revolucionario de escucha y reparación frente a lo que nos corresponde», aseguró.

También expresó que la Justicia Especial para la Paz exige hechos restaurativos concretos, por lo cual van a cumplir las tareas establecidas en el programa bajo responsabilidad de la JEP, con disciplina y respeto por las comunidades.

«En un escenario complejo como el que vive el país, tenemos el deber de demostrar que Colombia puede transformar su historia mediante la verdad, la justicia y la reparación», enfatizó.

Las sanciones propias son el castigo principal que impone la JEP en Colombia a los responsables de graves crímenes del conflicto armado que reconocen su verdad y su responsabilidad.

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