En una nota jurídica compartida en su cuenta de X, Saul analiza las acciones de Washington en el continente desde septiembre de 2025 y dedica un apartado a las operaciones desarrolladas en esta nación sudamericana.
Según el relator, en marzo de este año militares estadounidenses apoyaron “operaciones cinéticas letales” de fuerzas ecuatorianas contra organizaciones designadas como terroristas durante acciones para combatir el narcotráfico.
Saul señala que, de la operación denominada Exterminio Total, realizada en la comunidad de San Martín, cerca de la frontera con Colombia, surgieron denuncias de posibles violaciones de derechos humanos, destrucción de bienes, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y desplazamiento forzado.
“El papel preciso de Estados Unidos es desconocido debido a la falta de transparencia”, afirma en el documento.
Sostiene que Estados Unidos no ha explicado la naturaleza de sus actividades militares en Ecuador ni las normas o acuerdos bilaterales que regulan su participación.
Además, el informe menciona el Decreto Ejecutivo 424 de 2026, emitido por el presidente Daniel Noboa, que concede inmunidad a fuerzas extranjeras que participen en el declarado “conflicto armado interno” bajo determinados acuerdos internacionales.
Advirtió que esos convenios no pueden eliminar las obligaciones internacionales de garantizar investigaciones penales, rendición de cuentas y recursos efectivos ante posibles abusos.
El texto del relator de la ONU también recoge los casos de tres embarcaciones ecuatorianas atacadas y hundidas en circunstancias que Saul considera sospechosas y sobre las cuales Estados Unidos no ha asumido responsabilidad.
Entre ellas mencionó la nave Fiorella, atacada en enero de 2026, y ocho de los 10 tripulantes permanecen desaparecidos, así como la Negra Francisca Duarte II y la Don Maca, atacadas en marzo.
Los pescadores de esas dos embarcaciones fueron detenidos arbitrariamente y maltratados por presuntas fuerzas militares estadounidenses, trasladados a autoridades de El Salvador y posteriormente devueltos a Ecuador.
Saul también mencionó el asesinato, el 14 de junio de 2026, de un fiscal ecuatoriano que investigaba la desaparición de las tres embarcaciones, aunque no atribuyó el crimen a Estados Unidos.
En términos amplios, el relator apuntó que el enfrentamiento de Washington al denominado “narcoterrorismo” dejó hasta agosto de 2026 al menos 223 personas muertas en 68 ataques contra embarcaciones fuera de las aguas territoriales de los Estados.
Saul consideró que esos ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales seriales” contrarias al derecho a la vida y rechaza que el tráfico de drogas constituya por sí mismo un ataque armado que permita invocar la legítima defensa.
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