La decisión del presidente Abelardo de la Espriella fue militarizar las calles de la ciudad para devolver la seguridad a los pobladores y turistas, en medio de un paro armado decretado por el grupo armado que, según informó recientemente, terminará de manera oficial mañana.
Un paro armado en Colombia es el aviso que dan las estructuras al margen de la ley a la ciudadanía de abstenerse de abrir negocios o trasladarse a otros sitios so pena de ser intimidados o agredidos.
El detonante de la escalada fue la muerte el pasado lunes, por parte del Ejército, de alias Cholo, segundo cabecilla y financiero de las ACSN, y de otros seis integrantes de ese grupo.
Tras la operación castrense, en aparente retaliación, fueron incendiados vehículos, se reportaron bloqueos en la movilidad en la Troncal del Caribe, el corredor vial más importante de la región y los comerciantes fueron obligados, a punta de pistola, a cerrar sus negocios, no solo en Santa Marta, sino también en municipios aledaños.
De acuerdo con la estimación entregada por la Cámara de Comercio de la capital del Magdalena, las pérdidas económicas ocasionadas por los dos días de paro armado superarían los 70 mil millones de pesos (21 millones 380 mil dólares).
Los sectores que hasta el momento registran mayores afectaciones son el comercio, el transporte y los servicios.
El presidente ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia en Magdalena, Omar García, refirió que la ocupación hotelera cayó al 15 por ciento en la zona rural del territorio y en el entorno urbano disminuyó hasta aproximadamente el 38 por ciento.
Las restricciones en la movilidad perjudican asimismo los despachos de mercancías entre Santa Marta y La Guajira.
El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, Arnulfo Cuervo, declaró que, debido a la imposibilidad de trasladar mercancías, dejaron de percibirse 39 mil 500 millones de pesos (unos 12 millones de dólares al cambio actual) en Santa Marta y otros 42 mil millones en la región Caribe (12 millones 866 mil dólares).
Añadió que más de 20 mil empresas que hacen parte de la cadena de comercialización, distribución, logística y carga sufren los efectos del paro armado.
A juicio de la senadora Jennifer Pedraza, enviar tropas a Santa Marta sin una estrategia integral puede intensificar los combates y dejar a la población civil más expuesta.
“Se necesita inteligencia, protección de las comunidades y acciones contra el narcotráfico, las economías ilegales y las disputas territoriales. Sin medidas que enfrenten las causas de fondo, la fuerza militar no basta”, refirió en sus redes sociales.
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